El conflicto que desde mayo moviliza a la docencia misionera dio un nuevo giro esta semana con la elevación a juicio de la causa contra los dirigentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez, acusados de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra”.
El proceso judicial, que avanza bajo la instrucción del juez Miguel Matos, implica una acción inédita en Misiones, como explicó el propio Leandro Sánchez, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (UTEM), en diálogo con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5.
Desde la sede del juzgado, Sánchez describió la situación como “una alzada represiva” y aseguró que la medida judicial busca intimidar, aunque no logrará hacerlo. “Nunca vimos que se lleve a juicio a docentes por un corte de ruta. Hubo docentes perseguidos en otros momentos, pero no a este nivel”, sostuvo Sánchez, aludiendo a los casos de Rubén Ortiz, Tato Zeretzki y Ramona Romero, quienes en su momento enfrentaron la persecución judicial, aunque sin llegar a instancias de juicio.
Para Sánchez, la represión judicial no representa una solución a las problemáticas de fondo. “Lo que van a hacer es condenarnos, pero no solucionar el problema principal: los salarios, la nula plata que manda para el comedor, los arreglos de la escuela. Los problemas de base no se arreglan con represión”, expresó tajante.
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Según los detalles del expediente, la acusación se basa en un registro fotográfico elaborado por la inteligencia policial, que capturó imágenes de los docentes durante las movilizaciones.
Sánchez, en respuesta a estos elementos de prueba, subrayó la transparencia y legitimidad del accionar gremial. “Nosotros tomamos nuestras decisiones en asamblea, en democracia abierta, a mano alzada”, completó. Para él, el escrutinio judicial pone en duda un proceso democrático que la UTEM siempre ha defendido.
