Lo explicó el expresidente del Colegio de Abogados de Misiones, Fernando Orbe, quien recordó dos casos con jueces que fueron acusados de faltas y delitos graves, uno de los cuales fue destituido y no puede volver a acceder a cargos judiciales y otro, al contrario, se le aceptó la renuncia y pudo gestionar su jubilación.
La decisión de la Legislatura misionera de no aceptar la renuncia del diputado provincial Germán Kiczka (Activar), imputado en una causa por distribución de pornografía infantil, tiene que ver con la intención de sancionarlo según lo estipula la normativa vigente, sanción que podría desembocar en una inhabilitación prolongada o perpetua para ejercer cargos públicos. Su caso recuerda al del exjuez Pedro Fragueiro, quien también presentó su renuncia en 2021, en el marco de una causa por abuso y acoso sexual pero el entonces gobernador Oscar Herrera Ahuad no se la aceptó, por lo que el jury de enjuiciamiento siguió su proceso y destituyó al magistrado. Herrera Ahuad es el actual presidente de la Legislatura y tomó con Kiczka, la misma decisión que con Fragueiro.
Al contrario, Éctor Acosta, otro juez acusado de faltas graves enfrentaba demandas de enjuiciamiento pero se salvó de la destitución porque el entonces gobernador Hugo Passalacqua (que es el actual mandatario de Misiones) le aceptó la renuncia.
En diálogo con el programa Rx – Realidad Mixta, el extitular del Colegio de Abogados de Misiones, Fernando Orbe, se refirió a las similitudes y diferencias de estos procesos en los que la Legislatura y el Poder Judicial de Misiones, en su potestad para sancionar conductas de los integrantes de sus cuerpos, pueden imponer sanciones que conlleven la inhabilitación temporal o perpetua para ejercer cargos públicos.
“Las similitudes que tienen con el caso que estamos debatiendo, en este momento del diputado Kiczka tienen, es el poder disciplinario que tienen los poderes (del Estado) sobre sus miembros”, recalcó Orbe, recordando que en 2021, la destitución se concretó a través del Jurado de Enjuiciamiento, “que está establecido también en la Constitución Provincial, justamente para tratar las conductas disvaliosas de sus miembros.”
“En el caso de la Cámara de Diputados, la similitud es que tienen ese mismo poder disciplinario respecto de sus miembros y también tienen un proceso, establecido en la Constitución para poder sancionar y hasta expulsar a los miembros de la Cámara. Esa es la similitud que podemos encontrar en ambos casos”, precisó el abogado.
Por otro lado, Orbe dejó en claro que la sanción del poder legislativo o del judicial, corre por un carril diferente al del proceso penal.
Legislatura | El Bloque Renovador no le aceptará la renuncia al diputado de Activar Germán Kiczka
“La sanción que conlleva la destitución, siguiendo el juzgado de enjuiciamiento, le aplica además una sanción accesoria que es la imposibilidad de acceder a un cargo nuevamente, temporalmente o de acuerdo a la gravedad de la sanción, puede ser también de por vida. Eso es lo que seguramente la Cámara, dentro de los poderes disciplinarios que tiene, quiere lograr en este caso. No le acepta la renuncia para poder sancionarlo a través del procedimiento establecido. Y esa sanción seguramente conllevará más allá de la expulsión, en su caso, alguna otra imposibilidad de acceder nuevamente al cargo de diputados”, explicó Orbe, mostrando el motivo detrás de la no aceptación de la renuncia presentada por Kiczka.
En cambio, si se le acepta la renuncia a un diputado o juez acusado de delitos o faltas que conllevan a la destitución, la relación laboral con el Estado cesa en unos términos que le garantizan derechos al renunciante. “Tenemos el caso del doctor Éctor Acosta, exjuez de Puerto Rico, que fue lo último caso, se le acepta la renuncia y accede la jubilación. Después bueno él solicitó en el Colegio de Abogados, rehabilitar su matrícula para poder ejercer. Nosotros rechazamos en su momento”, recordó Orbe sobre el caso del cuestionado juez de Puerto Rico, que, vale recordar, instruyó la causa por el femicidio de Angélica Ramírez en 2013, pese a que su hijo estaba mencionado en la causa.
Aceptar la renuncia de un funcionario lo pone “en una situación más favorable para la continuidad de su carrera judicial o particular. Por eso es importante que se sigan los mecanismos establecidos para la sanción y bueno, por supuesto, respetando el debido proceso, el derecho de defensa y, si se sanciona que sea a través de ese mecanismo y quedará el antecedente”, concluyó.
