El Parque Provincial Piñalito, una de las reservas naturales más valiosas de la provincia, fue escenario de un grave episodio de deforestación ilegal. Según se pudo conocer, el Ministerio de Ecología habría recibido una denuncia anónima el pasado 14 de diciembre de 2024, pero recién intervino el 6 de enero de 2025, permitiendo que los responsables talaran al menos 80 árboles nativos valuados en más de 100 millones de pesos.
La denuncia inicial habría advertido sobre la presencia de maquinaria pesada en la reserva e incluso incluía coordenadas GPS exactas del área afectada. Sin embargo, la falta de acción inmediata por parte de las autoridades permitió que los taladores operaran impunemente durante semanas. Entre las especies afectadas se encuentran el anchico, la grapia y el laurel, todas de alto valor en el mercado maderero y protegidas por la legislación ambiental.
No fue sino hasta el 6 de enero cuando inspectores del Ministerio realizaron una primera recorrida en la zona, confirmando el daño ambiental. Cuatro días después, el 10 de enero, la cartera ecológica formalizó una denuncia ante la comisaría de Tobuna, lo que permitió que la investigación cobrara impulso.
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Un aserradero en San Pedro y una máquina clave en la investigación
El 14 de enero, la policía detuvo al propietario de un aserradero en San Pedro tras encontrar en su establecimiento rollos de madera sin las marcas reglamentarias, lo que refuerza la sospecha de que podrían haber sido extraídos ilegalmente del parque. Además, se incautó una máquina motoarrastradora en un lote vecino a la reserva, presuntamente utilizada para el traslado de los troncos.
Las pesquisas apuntan a una familia de madereros de la región como los principales responsables del saqueo forestal.