El caso, que generó conmoción, ahora sumó un nuevo episodio tras la decisión judicial que propició un amplio cuestionamiento por parte de los padres de los menores afectados.
El presunto abuso se conoció en el aula de una escuela céntrica de Puerto Iguazú. Todo comenzó a partir de una clase de Educación Sexual Integral (ESI) dictada en otro grado de la institución. Los estudiantes que asistieron a esa clase compartieron lo aprendido con sus compañeros, lo que llevó a que una de las niñas del grupo presuntamente afectado reconociera y verbalizara una experiencia vivida. Durante el fin de semana, la menor compartió la situación con su madre, quien inmediatamente reportó el hecho a las autoridades de la escuela.
A partir del testimonio inicial de la niña, otros estudiantes de su clase también revelaron experiencias similares, acusando al docente de realizar tocamientos indebidos hacia las niñas y de ejercer violencia física hacia los varones. El equipo directivo del establecimiento, tras una reunión con los padres de las presuntas víctimas, inicialmente recomendó no realizar denuncias con la intención de proteger a los menores, aunque documentaron los testimonios en un acta institucional.
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Finalmente, debido a la presión de los tutores, la directora y la vicedirectora del colegio formalizaron una denuncia contra el docente en la Comisaría Primera, para luego trasladarse a la fiscalía en un intento de agilizar el proceso. Con 28 años de experiencia en el ámbito educativo, el docente fue acusado y detenido rápidamente, gracias a la serie de denuncias individuales presentadas por los padres en la Comisaría de la Mujer a principios de octubre.
El caso, que inicialmente fue designado al Juzgado de Instrucción Nº3, está siendo atendido actualmente por la jueza María Laura Rodríguez del Juzgado de Instrucción Nº1 de Eldorado.
Sin embargo, la decisión de excarcelar al acusado dejó perplejos a los padres y a la comunidad. Las familias reclaman que no todos los niños fueron entrevistados en cámara Gesell, lo que podría ser clave en el proceso de recolección de pruebas y resguardo del bienestar de los menores, remarcando que la sensación de vulnerabilidad y desprotección crece entre las familias.
