La correlación de fuerzas en el Congreso es negativa para el oficialismo y el decreto de necesidad y urgencia podría ser rechazado en ambas Cámaras, por lo que el Gobierno podría apuntar a retrasar su trámite. Mientras no sea rechazado, estará en vigencia. Y gracias a una ley impulsada por el kirchnerismo en 2006, los DNUs quedan firmes cuando los aprueba una sola de las dos cámaras legislativas.
El presidente Javier Milei no incluyó en el temario de sesiones extraordinarias el mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación del Estado que dictó esta semana, uno de sus primeros actos de gobierno. De esa manera, hay dudas respecto de si la iniciativa podrá votarse en el antes del 1° de marzo, más allá de que inicie su tratamiento en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
La norma indica que en el verano el Congreso entra en receso, siendo que solo puede tratar los temas que el mandatario enumere en su convocatoria a extraordinarias. Las sesiones ya fueron convocadas de manera formal por el Poder Ejecutivo y serán desde el 26 de diciembre de 2023 hasta el 31 de enero de 2024.
Sin embargo, en el listado de once puntos que fijó Milei no incluyó el debate del DNU, lo que generó todo tipo de especulaciones sobre el tratamiento del mega decreto de desregulación de la economía y reforma del Estado, que incluye 366 artículos.
La comisión bicameral de Trámite Legislativo deberá pronunciarse sobre la validez o invalidez del DNU, pero La Libertad Avanza (LLA), que ejercerá la presidencia del cuerpo, buscará ganar tiempo. Es que, cuanto más tarde se tome una decisión, mayor será el impacto de las reformas ultraliberales y más difícil será revertir sus efectos.
En paralelo, le dará al Gobierno tiempo valioso para generar alianzas con sectores de la oposición con espíritu colaboracionista, algo indispensable para lograr la ratificación parlamentaria del mega DNU.
La Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de discutir los DNU, tiene la facultad de autoconvocarse cuando quiera. En ese sentido, el debate se podría iniciar apenas el decreto entre en vigencia el próximo 29 de diciembre. Sin embargo, la comisión aún no está constituida y mientras el decreto no sea rechazado, estará en vigencia.
Una vez que se publicó el decreto en el Boletín Oficial, surgieron muchas dudas acerca de la fecha en que entraría en vigencia y también sobre los tiempos legislativos para darle tratamiento. En ese sentido, el Gobierno primero deslizó que la aplicabilidad del DNU tenía efecto inmediato, pero a raíz de las observaciones críticas, admitió que comenzará a regir este viernes 29 de diciembre.
En rigor, el mega DNU no tenía consignada, la fecha en que entraba en vigencia la medida.
De acuerdo con Perfil, en el Ejecutivo son conscientes de que la correlación de fuerzas en el Parlamento es negativa para el oficialismo y habría rechazo en ambas cámaras. Por eso es fundamental para el Gobierno retrasar lo más posible el trámite.
El presidente de la comisión, que será el senador riojano de LLA Carlos Pagotto, es quien maneja los tiempos, por lo que es de esperarse que buscará dilatar lo más posible el tratamiento del DNU.
La Bicameral de Trámite Legislativo cuenta con 16 integrantes: ocho senadores y ocho diputados nacionales. Al respecto, la representación para cada una de las fuerzas políticas se define en función del sistema de proporcionalidad D’Hondt en base a los bloques que conforman el actual Congreso.
Los ocho lugares para representantes del Senado estarán distribuidos de la siguiente forma: tres para Unión por la Patria (UxP), uno para LLA, uno para la UCR, uno para el PRO, uno para fuerzas provinciales, y uno para Cambio Federal (que sería Juan Carlos Romero).
Mientras que en Diputados, UxP reclama cuatro de los ocho lugares, aunque el oficialismo estaría dispuesto a concederle tres lugares de acuerdo al criterio de proporcionalidad. De esta manera, quedarían tres o cuatro lugares para UxP, uno o dos para LLA, uno para el PRO, uno para la UCR y uno para Cambio Federal (que será ocupado por el diputado Nicolás Massot).
Con esta distribución, a priori se articularía una mayoría en contra del decreto. Sin embargo, todo podría cambiar si el radicalismo reconsiderara la postura de rechazo al hecho de que los centenares de reformas se dictarán por DNU y no a través de proyectos de ley a debatirse en el Congreso. La UCR ya emitió un comunicado en rechazo a la forma en que se impulsaron los cambios.
De hecho, el presidente del bloque de la UCR en Diputados, Rodrigo de Loredo, sugirió que el mega decreto podría desglosarse en tres DNU para facilitar el acompañamiento de aquellas reformas con las que el radicalismo podría estar de acuerdo.
Para avalar la validez del dictamen se necesitan ocho de los 16 votos. De todos modos, el sentido del dictamen de mayoría es anecdótico ya que lo verdaderamente definitorio para saber si el decreto queda en pie o es rechazado, es el veredicto de los votos en el recinto de cada una de las dos cámaras.
Con que una sola de las dos lo avale, es suficiente para que el DNU conserve su vigencia, según lo dictaminó la ley nacional 26.122, sancionada en julio del 2006. La ley impulsada por el expresidente Néstor Kirchner establece que para que un DNU quede sin efecto, debe ser rechazado por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Esta norma, surgida del kirchnerismo, es la que favorece a la validación de los DNUs que, hasta la fecha, jamás fueron rechazados por el Congreso de la Nación.
