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El Gobierno nacional dio un paso definitivo en la disolución del Fondo Fiduciario Público del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar). Con la publicación de la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, se establecieron los mecanismos para el traspaso de la administración de los créditos vigentes a una entidad privada, el Banco Hipotecario S.A.
Esta medida se inscribe en el marco del Decreto 1018/2024, firmado en noviembre del año pasado, que argumentó la disolución del programa debido a que se había convertido en una “pesada carga” para las cuentas públicas, con dificultades para su fiscalización y control.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) había señalado en una auditoría importantes irregularidades, como demoras en la entrega de viviendas, incumplimientos en convenios con organismos como la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y quejas por falta de condiciones habitacionales adecuadas. Además, la SIGEN concluyó que la gestión del programa careció de transparencia, agilidad y eficiencia.
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Según la normativa, la financiación de la construcción de viviendas debe estar a cargo de bancos comerciales, sean públicos o privados, por lo que se justifica la transferencia del manejo de los créditos a un banco privado.
Aunque el fondo fiduciario se disuelve, el Ministerio de Economía firmará un contrato con el Banco Hipotecario para administrar los préstamos vigentes bajo las mismas condiciones del contrato original de 2012. La Dirección Nacional de Normalización Patrimonial supervisará el cumplimiento y la transferencia de los fondos recaudados.
Además, el Banco Hipotecario podrá vender carteras de créditos con bajo rendimiento (menos del 40%) y administrar los bienes muebles e inmuebles del fondo, incluyendo la regularización de sus dominios. También se podrán transferir inmuebles a provincias, municipios u otros organismos estatales, especialmente cuando fueron aportados originalmente por estas entidades.
Los inmuebles fiduciarios que no estén afectados a obras con contratos vigentes serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Las obligaciones pendientes se cancelarán con los fondos recaudados o la venta de inmuebles, respetando el orden de prelación establecido en el contrato de fideicomiso de 2012.
Por último, las causas judiciales relacionadas con Pro.Cre.Ar serán atendidas por la unidad jurídica designada por el Ministerio de Economía.
Esta reestructuración se enmarca en la Ley N° 27.742, que busca mejorar el funcionamiento estatal, reducir su tamaño y transparentar el gasto público.
