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El fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23 abrió un nuevo escenario político en el Congreso. La decisión dejó nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales, pero también impulsó a sectores de la oposición a evaluar distintas estrategias para intentar restablecer las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros.
El máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había iniciado la demanda, no tenía legitimación para promover la acción y que no estaba configurado un caso judicial concreto.
En la práctica, la resolución dejó sin efecto el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley 26.737. De esta manera, el artículo 154 del DNU 70/23 volvió a quedar vigente y con él la derogación de los límites establecidos por la Ley de Tierras Rurales.
La oposición analiza cómo avanzar
A partir de la resolución de la Corte, sectores de Unión por la Patria y otros bloques opositores comenzaron a analizar la posibilidad de convocar a una sesión especial en Diputados para intentar rechazar el DNU 70/23.
Según el planteo difundido por sectores de la oposición, una alternativa sería buscar una sesión entre el 14 y el 15 de octubre. Sin embargo, el rechazo completo del decreto enfrenta una dificultad central: para avanzar necesita una mayoría que la oposición no tiene asegurada.
El Senado había rechazado el DNU 70/23 en marzo de 2024, pero el decreto continuó vigente porque Diputados nunca consiguió reunir los votos necesarios para completar su rechazo.
Por ese motivo, otra de las opciones que analiza el peronismo es avanzar con un proyecto específico que deje sin efecto el artículo 154 y permita restablecer la Ley de Tierras, sin poner en discusión todo el contenido del megadecreto.
Esta alternativa podría encontrar mayor respaldo entre sectores dialoguistas que no acompañarían un rechazo integral del DNU debido a que, junto con la derogación de la Ley de Tierras, también quedarían alcanzadas otras modificaciones introducidas por el decreto, como la eliminación de la Ley de Alquileres y distintas regulaciones económicas.
La composición actual del Congreso también condiciona cualquier intento de avanzar contra el DNU. Tras la renovación parcial de las cámaras en diciembre de 2025, la oposición quedó con una correlación de fuerzas que dificulta reunir una mayoría para rechazar el decreto completo.
Las distintas estrategias opositoras
Entre quienes plantearon públicamente la posibilidad de llevar el tema al recinto estuvo la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien propuso convocar a una sesión para que cada bloque exponga su posición.
También se expresó la diputada Cecilia Moreau, quien reclamó que Diputados rechace el DNU luego de la decisión de la Corte.
Otra alternativa fue planteada por Miguel Pichetto, de Provincias Unidas. El diputado propuso incorporar el restablecimiento de la Ley de Tierras a un proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23.
En paralelo, sectores de la oposición comenzaron a organizar movilizaciones frente a Tribunales contra el fallo de la Corte. También se anunció la presentación de un pedido de juicio político contra los integrantes del máximo tribunal.
Qué establecía la Ley de Tierras
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía límites a la propiedad y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros. Entre sus principales disposiciones fijaba que la titularidad extranjera no podía superar el 15% de las tierras a nivel nacional, provincial o departamental.
También establecía restricciones adicionales según la nacionalidad de los propietarios y límites de superficie para determinadas zonas del país.
El artículo 154 del DNU 70/23 derogó esa normativa. La Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional esa disposición, pero la Corte Suprema revocó posteriormente esa sentencia por cuestiones vinculadas con la legitimación de la entidad que promovió la demanda.
La estrategia que analiza el Gobierno
La decisión también generó un nuevo desafío para el oficialismo. Si bien el fallo de la Corte permitió que vuelva a regir la derogación de la Ley de Tierras, el debate político en torno al DNU 70 podría profundizarse en el Congreso.
Una de las alternativas que analiza el oficialismo, según el planteo de la nota original, consiste en incorporar algún tipo de restricción a la compra de tierras dentro de un proyecto sobre propiedad privada. La intención sería establecer límites sin volver a poner en vigencia la Ley de Tierras en su versión anterior.
El antecedente inmediato es el debate legislativo sobre las modificaciones vinculadas con la propiedad de tierras rurales, que ya había generado resistencia política y social.
Así, el fallo de la Corte modificó el escenario judicial, pero dejó abierto un nuevo capítulo político: la derogación de la Ley de Tierras volvió a estar vigente, mientras la oposición analiza si buscará revertirla mediante una ley específica o intentará avanzar contra el DNU 70/23 en su totalidad
