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La cantidad de argentinos con dificultades para cumplir con sus compromisos financieros continúa en niveles elevados. Un estudio elaborado por la consultora Analytica, sobre la base de datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y del INDEC, determinó que 5,3 millones de personas se encuentran actualmente en situación de mora tardía, lo que representa el 26,9% de quienes poseen algún tipo de financiamiento en el país.
El informe señala que la deuda total de las familias argentinas asciende a $74,2 billones, equivalente al 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB). En total, unas 19,8 millones de personas mantienen créditos activos dentro del denominado sistema financiero ampliado.
Este universo incluye no solo a los bancos tradicionales, sino también a empresas Fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas de consumo, cadenas de electrodomésticos y fideicomisos financieros.
La mayor parte de la deuda está en los bancos
Según el relevamiento, el 82,4% del endeudamiento de las familias se concentra en entidades bancarias, mientras que las Fintech representan el 10,1% y el resto de las instituciones financieras y comerciales el 7,5%.
Sin embargo, la distribución de la morosidad presenta diferencias significativas según el tipo de acreedor.
En el sistema bancario, unas 14,3 millones de personas poseen deudas, y el 19,2% registra algún nivel de irregularidad en los pagos.
La situación se agrava entre quienes operan exclusivamente con plataformas Fintech, donde la tasa de mora alcanza el 28,9%.
El panorama más crítico aparece en las entidades no financieras, donde el nivel de incumplimiento llega al 96,4% de los deudores, afectando a aproximadamente 1,6 millones de personas.
El informe destaca además que la mora medida por cantidad de personas resulta más elevada que la observada sobre el volumen de la cartera de crédito. Mientras el 26,9% de los individuos presenta atrasos, la irregularidad sobre el total de préstamos se ubica en el 15,4%.
El norte del país concentra los mayores niveles de incumplimiento
La distribución geográfica de la morosidad muestra fuertes diferencias entre provincias.
San Juan encabeza el ranking nacional, con un 36% de deudores morosos, seguida por La Rioja (35,3%) y Catamarca (34,8%).
En contraste, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registra el menor nivel de incumplimiento del país, con una tasa del 16,1%.
Por su parte, la Patagonia presenta la deuda mediana más alta de Argentina, fenómeno que el estudio vincula con el mayor costo de vida y los niveles de precios de esa región.
En la provincia de Buenos Aires también se observan diferencias marcadas. Mientras la morosidad promedio alcanza el 27,7%, en los municipios del conurbano bonaerense la cifra asciende al 30,3%, mientras que en el interior provincial desciende al 23,1%.
La brecha también se refleja entre municipios. En Vicente López, la tasa de mora se ubica en 15,1%, mientras que en Florencio Varela alcanza el 38,3%.
Los jóvenes, el sector más afectado
Uno de los datos más relevantes del informe es el impacto que la morosidad tiene sobre la población más joven.
Entre las personas de 18 a 30 años, el nivel de incumplimiento financiero se acerca al 40%, convirtiéndose en la franja etaria con mayores dificultades para afrontar sus obligaciones crediticias.
El estudio relaciona este fenómeno con el deterioro del mercado laboral juvenil registrado durante 2025.
En el caso de las mujeres de entre 14 y 29 años, la tasa de desocupación pasó del 13,8% al 16,8%, mientras que entre los hombres del mismo segmento aumentó del 12,5% al 16,2%.
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Los ingresos también marcan diferencias
La capacidad de pago muestra una estrecha relación con el nivel de ingresos de los contribuyentes.
Entre quienes están inscriptos en la Categoría A del monotributo, correspondiente a los menores niveles de facturación, el porcentaje de personas en mora tardía alcanza el 17,9%.
En cambio, entre los contribuyentes de la Categoría K, que agrupa a los monotributistas de mayores ingresos, la morosidad se reduce al 8,5%.
De acuerdo con las conclusiones del informe, esta diferencia evidencia que los sectores con menores ingresos soportan una carga financiera relativamente más pesada, lo que incrementa las dificultades para sostener el cumplimiento de sus obligaciones crediticias en un contexto económico desafiante.
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