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El Gobierno nacional intensificó las negociaciones con diputados de distintos espacios políticos para avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas, que propone endurecer las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en el archipiélago y ampliar las herramientas estatales frente a amenazas externas. La reunión se realizó esta semana con representantes del PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el Partido Justicialista (PJ), entre otros bloques.
Del encuentro participaron el vocero presidencial, Adrián Ravier, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy. El objetivo del oficialismo es reunir los respaldos necesarios para obtener dictamen y llevar la iniciativa al recinto, aunque todavía existen dudas sobre la posibilidad de conseguir una sesión durante octubre.
El próximo paso será el martes 27 de octubre a las 16, cuando se reúna el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. Allí se definirá si el oficialismo cuenta con los votos suficientes para avanzar con el tratamiento parlamentario.
El calendario legislativo complica el tratamiento
La iniciativa enfrenta dificultades para encontrar una fecha de debate en el recinto. Aunque el oficialismo consiga dictamen, una sesión el miércoles 28 de octubre aparece como una posibilidad incierta.
El escenario se complica en noviembre, cuando el debate del Presupuesto concentrará buena parte de la actividad parlamentaria y reducirá el margen para tratar otros proyectos. A esto se suman los feriados vinculados con la visita del papa León XIV y las elecciones de medio término en Estados Unidos, factores que condicionan la planificación legislativa.
Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa constituye una prioridad. En ese sentido, afirmaron que la Ley de Defensa de la Soberanía es “prioridad para este Gobierno” y que la causa Malvinas “es una causa sagrada para los argentinos y ningún otro gobierno ha hecho más que este para defender lo que es nuestro”.
Qué propone el proyecto sobre Malvinas
Uno de los principales puntos de la iniciativa es el endurecimiento de las penas, que podrían llegar hasta los 20 años de prisión, para quienes exploten o colaboren con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares circundantes. También contempla inhabilitaciones para operar en la Argentina.
El proyecto reemplaza la Ley 26.659 y amplía las restricciones vigentes. Las prohibiciones dejarían de limitarse a los hidrocarburos y abarcarían cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables.
Además, establece la creación de un registro público de infractores, con la prohibición para el Estado y los particulares de contratar con las personas o entidades incluidas en esa nómina. La propuesta también incorpora la posibilidad de realizar juicios en ausencia para los delitos contemplados en la nueva normativa.
Un Consejo de Seguridad Nacional con amplias facultades
La iniciativa prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
El organismo tendrá la responsabilidad de coordinar estrategias diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.
Ante una amenaza grave e inminente, el Consejo podrá disponer medidas urgentes, entre ellas restricciones a operaciones cambiarias y financieras, bloqueos temporales de fondos y activos, suspensión de autorizaciones y contratos, limitaciones a las importaciones y exportaciones y aumentos temporales de derechos aduaneros.
Entre las atribuciones previstas también figura la posibilidad de derribar aeronaves o hundir buques considerados hostiles, únicamente como último recurso y después de agotar las instancias establecidas en un protocolo de actuación.
Restricciones a aportes extranjeros y nuevos delitos
El proyecto incorpora prohibiciones a los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos políticos y campañas electorales.
También contempla nuevos delitos vinculados con la revelación de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración material con operaciones clandestinas y la realización de acciones financiadas desde el exterior para alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.
La propuesta incluye, además, sanciones para quienes promuevan o financien actos de violencia o sabotaje.
En materia de Defensa Nacional, redefine las funciones de las Fuerzas Armadas y habilita su intervención en cuestiones de seguridad interior ante amenazas externas, tanto estatales como no estatales.
Por último, incorpora por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Esta herramienta permitirá inmovilizar bienes y prohibir operaciones económicas o financieras con personas y entidades registradas por su vinculación con el terrorismo o su financiamiento.
El avance parlamentario dependerá ahora de los acuerdos que consiga el oficialismo en las comisiones y de la disponibilidad de fechas para llevar el proyecto al recinto antes de que el debate del Presupuesto concentre la agenda legislativa.
