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El Gobierno argentino informó este viernes que inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas que estarían involucradas en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La decisión fue adoptada por la Cancillería por instrucción del presidente Javier Milei, ante la presunta violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659.
Según informó la Oficina del Presidente de la República, la investigación no alcanzará únicamente a las compañías que desarrollarían las actividades hidrocarburíferas, sino también a sus accionistas y a empresas que les brindan servicios vinculados con esas operaciones.
El Gobierno sostiene que estas actividades se estarían realizando de manera ilegítima sobre recursos ubicados en la plataforma continental argentina y que, por ese motivo, corresponde avanzar con las actuaciones previstas por la legislación nacional.
En el comunicado oficial, la administración de Milei volvió a expresar la posición argentina respecto de la soberanía sobre las islas. “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho”, señaló el texto difundido por la Oficina del Presidente.
El Ejecutivo también cuestionó el avance de actividades vinculadas con la extracción de recursos naturales y sostuvo que la ocupación británica de las islas “ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales”.
La medida se presenta además como una acción destinada a reforzar el reclamo argentino de soberanía y a advertir a empresas y actores internacionales que participen de actividades consideradas contrarias a la legislación nacional.
“La República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas”, afirmó Milei en el comunicado.
Los procedimientos iniciados por la Cancillería deberán determinar las responsabilidades correspondientes y establecer, en caso de comprobarse las infracciones denunciadas, las sanciones previstas por la normativa argentina.
