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Argentina y el Reino Unido comenzaron este martes 10 de noviembre las audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, Alemania, por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. El Gobierno argentino busca que se dicten medidas provisionales para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
Las audiencias se extenderán hasta el miércoles 11 de noviembre, serán públicas y podrán seguirse en vivo por internet. La presentación argentina apunta a impedir que el Reino Unido avance con actividades de exploración y explotación de petróleo en un área cuya soberanía reclama el país, además de preservar los recursos naturales y proteger el medio marino.
El planteo fue presentado el 13 de octubre, en el marco del procedimiento arbitral iniciado por Argentina el 28 de septiembre, bajo las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Como el tribunal arbitral que deberá analizar el conflicto de fondo todavía no está constituido, el país recurrió al Tribunal del Mar para solicitar medidas urgentes.
Argentina sostiene que el Reino Unido autorizó unilateralmente actividades sobre recursos naturales que se encuentran en la plataforma continental argentina. Uno de los principales argumentos es que la extracción de hidrocarburos podría provocar un perjuicio difícil de revertir, ya que una eventual resolución favorable al reclamo nacional no permitiría recuperar el petróleo que haya sido extraído.
Por su parte, el Reino Unido rechazó el pedido argentino y solicitó que el Tribunal desestime la presentación. En su exposición, cuestiona la competencia del futuro tribunal arbitral, la fundamentación de los derechos invocados por Argentina y la existencia de un daño irreparable o de una situación de urgencia que justifique medidas provisionales.
Un punto central de esta instancia es que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar no resolverá quién tiene la soberanía sobre las Islas Malvinas. Su intervención se limita a determinar si corresponde adoptar medidas preventivas mientras avanza el arbitraje internacional. La controversia territorial continúa siendo el trasfondo político y jurídico de una disputa que ahora suma un nuevo capítulo por el control y la explotación de los recursos energéticos del Atlántico Sur.
