El Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia ante la Justicia por la presunta malversación de fondos en el otorgamiento de las Becas Progresar, que asciende a la cifra de 341 millones de dólares. La denuncia señala irregularidades en el manejo de estos recursos durante la gestión del gobierno anterior, encabezado por el expresidente Alberto Fernández.
Según el comunicado emitido por el Ministerio, la investigación interna llevada a cabo reveló una falta significativa de control en la asignación de las becas, específicamente en la línea destinada a asistir a jóvenes estudiantes para la finalización de la educación obligatoria. Esta falta de supervisión se tradujo en una incapacidad para determinar el destino de los fondos y si estos llegaron efectivamente a los estudiantes más necesitados.
Las becas Progresar fueron concebidas con el propósito de incentivar la finalización de los estudios primarios, secundarios y superiores, así como la formación profesional de los estudiantes argentinos.
El comunicado destaca que, durante la auditoría llevada a cabo, se encontraron documentos en la oficina personal del ex funcionario Nicolás Sojit, ex director General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Estos documentos evidenciaban una fuente de financiamiento externo proveniente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por el mencionado monto de 341 millones de dólares, destinados específicamente al programa de becas Progresar.
En efecto, «se aclara que la documental encontrada en las oficinas que ocupara Sojit en la Secretaría de Trabajo, apareció en el marco de la desvinculación de 13 (trece) funcionarios y agentes de la Secretaría de Trabajo de la Nación ordenada por este Gobierno Nacional por diversas irregularidades detectadas y en curso de investigación», dice el comunicado.
La ausencia de auditorías adecuadas y la falta de transparencia en el manejo de estos fondos fueron calificadas como de «impacto alto» por la SIGEN, lo que subraya la gravedad del caso en detrimento del Estado nacional.
«Desviar fondos destinados a la educación o utilizarlos indebidamente representa un grave delito que no solo perjudica las arcas públicas, sino que también compromete directamente el futuro de la nación. La falta de rendición de cuentas y el manejo irregular de los recursos públicos son prácticas que socavan la confianza en las instituciones gubernamentales y obstaculizan el desarrollo social y económico del país», advirtió Capital Humano.
“Dicha ausencia de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar y/o inspeccionar debidamente qué cantidad de becas que se otorgaron, y/o si las personas beneficiarias de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellas tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento”.
Entre otras irregularidades, la investigación destaca que “no se confeccionaron legajo individual por cada becado desde su inscripción hasta el otorgamiento de la beca”. Tampoco “hay documentación que respalde cada otorgamiento”, es más, “no existen solicitudes ni formularios de inscripción con certificación escolar que demuestre la escolaridad en la cursada”. En la ANSES tampoco se encontró documentación “respecto del ingreso de los postulantes y su grupo familiar”.
En la última auditoría ordenada por Pettovello a partir del 10 de diciembre de 2023, en el punto 5 se destaca: “Con relación al proceso de otorgamiento de becas para que los jóvenes continúen estudiando se detectaron debilidades ante la falta de un sistema que contenga la trazabilidad de todo el proceso, así como de un procedimiento de certificación mensual de las instituciones educativas a fin de poder tomar conocimiento de que alumnos becados efectivamente concurrían a las mismas”. Para los colaboradores de Pettovello, “de comprobarse los hechos que se denuncian, estaremos hablando de delitos imperdonables: delitos que explicarían parte de la decadencia educativa que tristemente padece nuestro querido país desde hace décadas”.
“Desviar el dinero de los estudiantes o mal utilizarlo en beneficio propio o de terceros, es un delito gravísimo porque no sólo perjudica el erario público sino, y lo que es peor, atenta directamente contra el futuro de nuestra nación”, completaron.
(Fuente: El Cronista)
