La abogada Mónica Sosa, que representa a la familia del chico de 23 años de edad, fallecido de un paro cardíaco el 17 de octubre dentro de la comisaría de San José, reveló que el joven habría sufrido intoxicación y que estaba en “estado catatónico” cuando lo llevaron al Hospital Carrillo, del que, le dieron el alta para regresarlo al calabozo, días antes del fallecimiento. Ya se presentó la recusación contra el juzgado de instrucción que ordenó la detención y que mantuvo al chico con problemas de salud mental, detenido con presos comunes y al “cuidado” de policías.
El caso de Exequiel Barboza, el joven de 23 años que sufrió un paro cardíaco y murió dentro de la comisaría de San José, podría involucrar delitos de mala praxis médica e incumplimiento de deberes de funcionario público, entre otros, según se desprenden de de las declaraciones de la abogada Mónica Sosa, que representa a la familia de la víctima y ya recusó al juez de instrucción Miguel Matos, que interviene en la causa.
Según la abogada, Barboza estuvo detenido por más de una semana y estaba en condiciones de ser excarcelado, pero el juez interviniente habría considerado que el chico “era un peligro para sí mismo y para terceros”. Pero en lugar de ordenar que se lo interne en un hospital, lo retuvo detenido en la comisaría de San José, donde falleció de un paro cardíaco después de haber sido llevado a dos hospitales distintos –el de San José y el Hospital Carrillo de Posadas– donde le habrían aplicado tres inyecciones.
En diálogo con el programa Primera Vuelta de Radio Up 95.5, la abogada querellante reveló que según el informe preliminar de la autopsia, Exequiel habría sufrido una “intoxicación medicamentosa” previo al fallecimiento. Además, según Sosa, el joven sufría un “estado catatónico” y debió ser llevado por tres oficiales al vehículo policial que lo trasladó al Hospital Carrillo, el sábado 14 de octubre. En este nosocomio especializado en Salud Mental lo habría visto una médica, que le dio el alta para que lo vuelvan a alojar en el calabozo de San José, donde apareció muerto, tres días más tarde.
En el inicio de la entrevista, Sosa remarcó que no era la abogada de Barboza al momento de ser detenido el joven, el pasado 12 de octubre, sino que la llamaron entre el viernes 13, luego de que el juez interviniente le denegara la excarcelación solicitada por otra letrada, en representación de la víctima y su familia. “El viernes se contacta conmigo la familia, el viernes (feriado largo) y luego el día sábado (14 de octubre) me llaman en horas muy tempranas porque la policía había ido a la casa de los padres para avisarle que el chico no se encontraba bien”, detalló la abogada.
De acuerdo con Sosa, ese sábado acudió con urgencia a la comisaría “y me encuentro con un chico que a simple vista no se encontraba bien, vamos a decir, psicológicamente. Entonces llamo al juzgado de instrucción, informo esto y pregunto por la posibilidad de que este chico sea atendido inmediatamente por especialistas en salud mental. A todo esto le pregunto al juzgado por qué no le habían dado la excarcelación. Porque si miramos la carátula (Barboza estaba detenido por resistencia a la autoridad), daba la posibilidad de una excarcelación. Y me dicen que el chico era peligroso para sí y para terceros. Y que no había pasado el informe (…) del cuerpo médico forense”, confió Sosa.
A este respecto, la abogada remarcó que el joven estaba detenido dentro de la comisaría de San José, junto con otros detenidos. “Entonces, por lo tanto, no podía ser peligroso para terceros, le digo (al juzgado). Si estábamos ante una situación tan difícil, se debió tomar los recaudos previos para un chico que está teniendo problemas de salud mental”, comentó.
En este punto, Sosa se refirió a la aún no esclarecida intervención del personal del Hospital Carillo, que se produjo por el pedido de la propia abogada. El sábado y con el joven Barboza en crisis psiquiátrica, “se hace todo lo que se tiene que hacer en ese momento, se conecta con el Carrillo. Y el chico, es traído por la policía y acompañado por el padre, aquí al Hospital Carrillo (de Posadas), el mismo día (sábado 14/10). Pero también le informaron a la madre que el día anterior le habían puesto una inyección al chico en el hospital de San José, y que en lugar de calmarlo lo excitó más”, detalló la abogada sobre una presunta intervención previa de otros médicos, pero de San José.
Entonces, “el padre viene con la policía, vienen acá al Carrillo, le aplican (otra) inyección, y ahí es donde a mí me llama la atención que inmediatamente lo mandan nuevamente al calabozo de San José. Primero que no es el lugar indicado para una persona con problemas psicológicos. La médica (del Hospital Carrillo) tenía que haberlo, primero que nada, estabilizarlo a ese chico, porque cualquier persona sabe que los problemas mentales también trae problemas de un excesivo estrés y el chico (Barboza) tiene, vamos a decir, un desfasaje fisiológico, químico y físico. Pero fue mandado nuevamente al calabozo de San José y ahí el chico descansa, duerme”, describió la abogada sobre los días previos al deceso de Exequiel.
Sin embargo, el calabozo de la comisaría de San José, “no era el lugar ideal, no podía estar allí. Esa es la cuestión. Acá él no podía, (seguir) estando en un calabozo, con (policías) actuando de enfermeros, estando las otras personas (detenidos)”, subrayó la abogada, que advirtió que la ignorancia puede conducir al miedo y esto, favorecer el incumplimiento de derechos humanos.
“Acá hubo todo un abandono del poder judicial”, aseguró la abogada, cuestionando la falta de seguridad y de comunicación a los padres de Exequiel “explicándoles qué es lo que realmente le estaba pasando al chico. El muchacho no podía estar allí, nada más”, subrayó.
En esta línea, Sosa especuló que luego de la intervención de los médicos de los hospitales de San José y Carrillo, “se va produciendo un desaceleramiento (sic) del organismo (de Exequiel Barboza) hasta que se produce la muerte el día de martes. Amanece muerto el chico”, dijo Sosa, insistiendo en que “le pusieron tres inyecciones. Sin contar que hay que tener en cuenta lo que la madre me había comentado cuando apenas la conozco, que le habían dicho que también en el hospital de San José, le habían puesto otra inyección que lo había excitado aún más”, reiteró la abogada.
Consultada sobre si la familia había expresado preocupación por el estado físico de Exequiel, la abogada insistió en que intervino el sábado, y que por entonces el padre le comentaba que no les dejaban acercarles alimentos al joven detenido. “Cualquier persona con sentido común sabe que un chico o una chica no puede estar en una situación de encierro en esas condiciones de salud (mental). No puede, no debe ser”, enfatizó.
No obstante, Sosa detalló que más allá del paro cardíaco, “la causal (de muerte) fue intoxicación medicamentosa. Pero acá en la provincia de Misiones nosotros no tenemos lo que se dice un laboratorio que establezca, cuál es la cantidad de droga con respecto a los milímetros de sangre (concentración en sangre) Eso se manda (a analizar al) Chaco, o sea, es un laboratorio más intenso”, sostuvo.
Al respecto del informe preliminar del cuerpo médico forense de Misiones, Sosa contó que tendrán una reunión con la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura este viernes, para analizar las causales del fallecimiento, en base “al contenido técnico de la autopsia”.
En cuanto a las responsabilidades institucionales que podría haber en la muerte de Exequiel, la abogada comentó: “a simple vista, teniendo ya 30 años de ejercicio en la profesión, considero hubo una negligencia total de haber mandado a ese chico, con una desestabilización, haberle puesto tres inyectables y enviarle de nuevo al calabozo de San José”.
Vinculado a esto, Sosa hizo una revelación impactante. “Cuando se le subió (a Barboza) a la camioneta de la policía, (el joven) estaba en estado catatónico. ¿Qué quiere decir estado catatónico? Es como que está totalmente paralizado y es imposible, ejercer presión sobre ese cuerpo para que subiera la camioneta. Tuvieron que ejercer tres personas para que se pueda lograr que él suba la camioneta y se siente”, detalló las abogada.
“Esto, visto por mí, que soy una persona común, ciudadana y del derecho, tuvo que haber sido observado por la médica del Carrillo”, sentenció Sosa.
Prosiguiendo con su evaluación del caso, para Sosa no caben dudas de la responsabilidad del Estado en este fallecimiento. “Acá está el Carrillo (involucrado) y es un hospital público. Hay una médica que actúa allí. Luego tenemos el Poder Judicial, que cuando se sabe de antemano, que no están dadas las condiciones de tener personas encerradas en un estado de salud mental vulnerable, en un calabozo común”, puntualizó.
Asimismo, Sosa aclaró que el padre de la víctima, Miguel Ángel Barboza, “fue admitido como querellante en la causa”, y “se solicitó algunas medidas” entre ellas “la recusación del juzgado de instrucción n° 4”, porque este juzgado fue el que mantuvo a Exequiel detenido sin excarcelación y ahora investiga el deceso, lo que implica que el juez de instrucción de Apóstoles, Dr. Miguel Ángel Mattos, debería analizar su propia actuación. En virtud de esto, Sosa confía en que la causa por la muerte de Barboza, sea remitida a un juzgado de instrucción de Posadas.
Por último, Sosa reflexionó sobre el caso y planteó que puede servir de puntapié inicial para instaurar un protocolo de actuación médica, judicial y policial en casos de personas con problemas de salud mental que están judicializadas. “La muerte de este chico ya es irrecuperable, no la vamos a recuperar nunca más. Pero de las situaciones muy negativas tiene que surgir algo positivo. ¿Qué es lo positivo? Que debe haber un protocolo, un protocolo que ante el menor indicio, porque hoy estamos con otro tipo también de problemas mentales producidos por las adicciones, entonces cuando viene una situación así de vulnerabilidad mental, inmediatamente el Poder Judicial deberá tomar precauciones, porque no hay un protocolo. No hay un protocolo, no es correcto que la policía esté a cargo de personas con problemas mentales. No puede ser nunca, porque ellos están preparados para otra cosa”, argumentó la abogada.
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