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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó una ley que autoriza por primera vez la venta de gas pimienta para la defensa personal de las mujeres. La normativa fue publicada este viernes en el Diario Oficial de la Unión e introduce cambios en la regulación de un producto que hasta ahora solo podía ser utilizado y comercializado por las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.
La nueva legislación establece que las mujeres mayores de 18 años podrán comprar y poseer aerosoles de gas pimienta con fines exclusivos de defensa personal.
Sin embargo, Lula da Silva vetó algunos de los artículos aprobados por el Congreso.
Entre ellos, eliminó la disposición que permitía a adolescentes de entre 16 y 18 años adquirir el producto con autorización expresa de sus padres o responsables legales.
Según explicó el Gobierno brasileño, la decisión respondió a una recomendación del Ministerio de las Mujeres y de otros organismos oficiales.
Las autoridades consideraron que esa autorización vulneraba el principio de protección integral previsto en la legislación destinada a niñas, niños y adolescentes.
El mandatario también eliminó de la ley las disposiciones que contemplaban multas y otras sanciones administrativas para las usuarias.
Asimismo, vetó el artículo que obligaba a denunciar la pérdida del dispositivo dentro de un plazo de 72 horas.
Otra de las modificaciones eliminadas fue la que proponía cambios en el Estatuto de Desarme.
El gas pimienta es un aerosol elaborado con extractos vegetales que provoca una intensa sensación de ardor en los ojos, la piel y las vías respiratorias.
En distintos países, este tipo de aerosol se utiliza como herramienta de defensa personal y también para el control de disturbios por parte de las fuerzas de seguridad.
Hasta la entrada en vigor de esta nueva ley, la comercialización del gas pimienta en Brasil estaba restringida exclusivamente a los organismos de seguridad del Estado.
Con la promulgación de la norma, el país flexibiliza por primera vez el acceso al producto para un sector específico de la población, aunque mantiene restricciones para los menores de edad tras los vetos impulsados por el Ejecutivo.
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