La iniciativa fue presentada por el edil Pablo Velázquez, del bloque Acción, el 21 de marzo pasado, pero el proyecto de comunicación quedó varado en la comisión de transporte del Concejo Deliberante. El proyecto pretende que el alcalde Leonardo Stelatto cumpla con una ordenanza vigente que obliga a informar estos datos que son cruciales para saber si las empresas del Grupo Z cumplen con los pliegos de concesión en términos de frecuencias y funcionamiento del servicio público.
El intendente renovador Leonardo Stelatto y el oficialismo en el Concejo Deliberante de Posadas, encabezado por el edil Jair Dib, mantienen la postura de no informar sobre la cantidad de pasajeros transportados en colectivos urbanos de Posadas, incumpliendo con la ordenanza Ordenanza XVI – N° 41 (antes Ordenanza 3412/14).
En ese marco de permanente violación de una norma en vigencia, el concejal Pablo Velázquez, del bloque Acción, presentó un proyecto de comunicación el pasado 21 de marzo, para que “el Departamento Ejecutivo Municipal” informe “los datos sobre la cantidad de personas transportadas y el flujo de pasajeros en el servicio de transporte público urbano de la ciudad, que han sido remitidos por Servicios Urbanos SA en cumplimiento de la ordenanza XVI – N° 41”.
Sin embargo, el proyecto de comunicación estuvo semanas sin llegar siquiera a la comisión de Transporte que debe dictaminar sobre el mismo. Y luego de tomar estado parlamentario, esta comisión que preside el concejal renovador Dardo Romero, no la trató y se dedicó a estudiar otros proyectos.
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Por supuesto, la iniciativa de Velázquez y la ordenanza XVI – N° 41 afectan a los intereses del Grupo Zbikoski, que lidera tanto a la empresa Servicios Urbanos SA (que explota los sistemas de boletos prepagos electrónicos con las tarjetas SUBE Misionero y con los lectores QR de SUBI) como a la totalidad de las empresas prestatarias del transporte urbano en el Sistema Integrado que abarca a Posadas, Garupá y Candelaria.
Hasta el momento, no hay ninguna explicación de los motivos por los que se demora indefinidamente el tratamiento y dictamen del proyecto de comunicación, que pretende que el intendente Stelatto cumpla con las ordenanzas vigentes, en específico, la XVI – N° 41. Esta norma pone la lupa sobre la cantidad de pasajeros transportados y la cantidad de kilómetros recorridos, una ecuación que sirve de base para establecer la tarifa técnica del transporte, es decir, el costo del boleto urbano sin subsidios.
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Pero, por añadidura, la ordenanza XVI – N° 41 permite determinar la magnitud de la millonaria recaudación diaria de las empresas de colectivos, como así también, darse una idea del estado del servicio, de cómo viajan los pasajeros: con menos frecuencias o menos móviles circulando, los usuarios tienden a viajar hacinados en los colectivos del Grupo Z. Cabe recordar que en plena pandemia del coronavirus, en 2020, cuando el Estado restringía la cantidad máxima de pasajeros en colectivos para que no se propague la infección, el CEO Marcelo Zbikoski dijo públicamente que transportaban 110 mil pasajeros diarios en Posadas, antes de esa crisis sanitaria.
Como sea, el oficialismo renovador está dispuesto a pagar el costo político de bloquear la iniciativa de Velázquez y de continuar permitiendo que el intendente Stelatto incumpla con la ordenanza XVI – N° 41, al no transparentar los números de pasajeros de colectivos de Posadas, que Servicios Urbanos SA, mensualmente reporta al Ejecutivo.
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Al respecto de esta maniobra del oficialismo en el Concejo Deliberante, fuentes consultadas señalaron a este portal que responden a una decisión del presidente Jair Dib. Y no descartaron que exista un acuerdo “por lo bajo” con ediles de la oposición en el Concejo, que están distanciados con Velázquez porque el edil radical es crítico de la conducción partidaria y formó un monobloque.
A este respecto, fuentes al tanto de lo que ocurre en el HCD, mencionaron a este portal que, mientras Velázquez perdió todos los contratos que le habían asignado a principios de año para colaboradores de su equipo, no sucedió lo mismo con otros concejales radicales. Y esto explicaría por qué los ediles radicales de la comisión de transporte Pablo Argañaraz (vicepresidente de la comisión) y Valeria Gómez de Oliveira, no piden que se trate el proyecto de Velázquez, ni hablan públicamente del incumplimiento del Ejecutivo Municipal respecto de la ordenanza XVI – N° 41.
