En un mensaje grabado durante la tarde del viernes, los titulares de los tres poderes del Estado de Misiones y la cúpula de la Policía provincial repudiaron los actos de “sedición y conspiración” presuntamente cometidos por ocho policías, siete de ellos en actividad, junto a Ramón Amarilla, suboficial retirado y vocero de la mesa técnica salarial del sector.
El Ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, fue quien tomó la palabra y afirmó que “el uniforme no puede ser utilizado para delinquir”.
El mensaje institucional fue emitido tras la detención de los efectivos, acusados de participar en actividades que “buscaban alterar la paz social y socavar la cadena de mando de la fuerza policial”.
Las acusaciones se basan en las pruebas obtenidas tras la denuncia de un oficial de la Policía que señaló haber recibido un llamado de otro agente, incitándolo a realizar “actos conspirativos”.
A raíz de esta denuncia, la Justicia ordenó la detención de uno de los involucrados y el secuestro de su teléfono celular. Los análisis preliminares de este dispositivo revelaron la existencia de un grupo de policías involucrados en una presunta conspiración para provocar disturbios y atentar contra el orden social.
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El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, también se pronunció sobre el tema y sostuvo que “tenemos por mandato y exigencia de todo el pueblo de Misiones, el compromiso de hacer que la vida de los misioneros y las misioneras transcurra en paz”.
Pérez, quien participó de una reunión del Consejo de Seguridad Vial Federal en Buenos Aires antes de regresar a Misiones para grabar el mensaje, apuntó contra la “responsabilidad de usar el uniforme de las fuerzas”.
“El uniforme no debe ser manchado y debe trabajar en pos de la seguridad de todos los misioneros”, afirmó, advirtiendo que los policías involucrados deberán rendir cuentas ante la Justicia si se comprueba su responsabilidad en los actos delictivos.
Además, subrayó que el objetivo del mensaje es “reafirmar el cumplimiento irrestricto de las normas”.
El mensaje conjunto, reunió a las principales figuras del gobierno provincial, incluidos el presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Ahuad, y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, junto a los jefes de la Policía y el Servicio Penitenciario, Valeria Mereles y Sandro Martínez.
