Así lo manifestó Eduardo Paredes, abogado defensor de siete de los uniformados detenidos, en el marco de la presentación de un recurso de amparo en la causa que los tiene apuntados como responsables de actos de sedición, alegando graves irregularidades en el proceso judicial y denunciando la cercanía entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
En diálogo con “La Última Rosca” de Radio Up 95.5, Paredes puso en duda la independencia de las instituciones provinciales, y señaló que el caso plantea serios interrogantes sobre el respeto a los derechos fundamentales de los imputados.
En este sentido, señaló “la evidente relación entre el gobierno provincial y el Poder Judicial”. “En la foto del gobernador con la presidente del Superior Tribunal de Justicia se pone absolutamente en duda la división de los poderes», afirmó el abogado alegando que es un claro símbolo de la falta de independencia entre estos dos poderes del Estado. Además, Paredes no dudó en afirmar que “hay una institucionalidad muy cuestionable cuando el Ejecutivo y el Poder Judicial tienen una relación tan estrecha”.
La situación llevó al abogado a cuestionar directamente el funcionamiento del sistema judicial en la provincia. “Es sumamente necesaria una reforma del Poder Judicial”, insistió Paredes, al señalar que el actual estado de las instituciones no garantiza la imparcialidad necesaria en procesos de alta relevancia, como el de sus defendidos. A su vez, el abogado consideró que esta cercanía entre poderes compromete no solo la transparencia del proceso, sino la credibilidad del sistema judicial.
En cuanto al caso específico de los policías acusados de sedición, Paredes fue enfático al señalar las múltiples violaciones de los derechos fundamentales de los imputados. “Se ha violado la posibilidad de que ejerzan su derecho de defensa, a ser oídos y al debido proceso”, afirmó.
Según el abogado, los policías no tuvieron la oportunidad adecuada para defenderse en el marco de un proceso judicial justo. “Acá nadie va a querer resolver”, dijo, anticipando la inacción por parte de las autoridades locales y sugiriendo que la única salida posible para el conflicto será a través de una intervención de la Corte Suprema de Justicia.
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Otro de los aspectos más cuestionados por Paredes es el uso de la prisión preventiva en este caso. “Hay un claro abuso de la prisión preventiva”, señaló. Según él, la detención prolongada de los policías genera un fuerte malestar en la provincia, ya que no se estaría respetando el principio de presunción de inocencia.
Esta situación, según el abogado, es un reflejo de cómo la justicia provincial maneja con severidad y arbitrariedad ciertos casos, sin ofrecer las garantías necesarias para los acusados. “A la provincia le genera un grave malestar el asunto policial”, subrayó, destacando las tensiones sociales que esta situación ha provocado.
Finalmente, Paredes insistió en que el desenlace de este caso dependerá en última instancia de la intervención de la Corte Suprema. “Somos conscientes de que esta situación va a terminar en la Corte», declaró, anticipando que las autoridades locales no tendrán la voluntad o capacidad de resolverlo de manera justa.
Para el abogado, la gravedad de este conflicto no solo afecta a sus defendidos, sino también a la percepción pública sobre la imparcialidad y transparencia del sistema judicial en la provincia.
