Los vecinos de Itaembé Guazú, continúan en una encrucijada económica que podría llevarlos a prescindir del servicio de gas natural y regresar al sistema de garrafas. Las facturas de GasNea, que en algunos casos superan los $150.000, desembocaron desde hace meses un fuerte reclamo comunitario que ya escaló hasta la Corte Suprema de Justicia.
“Gracias a la voz del verdadero vecino, que somos todos los que nos juntamos en la asamblea, logramos llegar hasta la Corte Suprema”, explicó Emilia Reyna Allan, una de las voceras del barrio, en diálogo con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5.
Sin embargo, señaló que pese a los avances legales, las respuestas de la empresa son inexistentes. “Cada vez es peor; en vez de buscar un alivio, las situaciones empeoran. El porcentaje de aumento en las facturas supera incluso la inflación del país”, agregó.
Facturas impagables y falta de alternativas
Los vecinos denuncian que el principal problema radica en el ítem de cargo fijo, que representa un porcentaje desmedido del total. “El cargo fijo puede superar el 300% de aumento, algo completamente desproporcionado respecto a otros servicios”, afirmó Reyna. Además, subrayó que las facturas de GasNea “no son claras”, dificultando aún más la comprensión de los costos.
Un agravante es la inexistencia de alternativas. “No tenemos opción: si no pagamos, nos quedamos sin gas, porque nuestras instalaciones dependen completamente de este servicio. Para cambiar al sistema de garrafa, tendríamos que romper nuestras casas y contratar gasistas matriculados, un costo altísimo para familias promedio”, detalló Reyna.
Impacto social y económico
En Itaembé Guazú, donde muchos vecinos son emprendedores o se encuentran desempleados, la presión económica es insostenible. “Una familia promedio de cuatro personas que recibe una boleta de $150.000 con aviso de corte, ¿cómo hace para pagar eso?», cuestionó Reyna. En algunos casos, los vecinos recibieron notificaciones de supuestas deudas que se remontan a principios de año, aumentando la incertidumbre.
A principios de año, gracias a la intervención de un abogado local, el doctor Horacio Koncke, se logró un recurso de amparo que congeló temporalmente los aumentos del cargo fijo y permitió un descuento del 50% durante tres meses. “Él no nos cobró nada y se puso la camiseta por los vecinos”, reconoció Reyna. Sin embargo, el alivio fue momentáneo, y las facturas actuales reflejan aumentos descomunales.
“Es desesperante; la mayoría de los vecinos quiere cancelar el servicio, pero no podemos porque nuestras instalaciones no permiten otra opción”, enfatizó Reyna. A pesar de esto, resaltó que el reclamo legal en la Corte Suprema sigue activo, un pequeño rayo de esperanza en medio de la crisis.
La situación unió a los vecinos en asambleas y movilizaciones, pero la incertidumbre persiste. “Lo que queremos es una solución. No podemos seguir pagando estas cifras desmedidas sin alternativas reales”, concluyó Reyna.
