La lucha de los 320 vecinos del barrio Itaembé Guazú continúa luego de que la Justicia Federal rechazara el amparo presentado en contra de los aumentos desmedidos del servicio de gas. El abogado representante de los vecinos, el Dr. Horacio Koncke, explicó en diálogo con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5 que el fallo se basó en la falta de pruebas sobre el supuesto “excesivo costo” de las facturas, decisión que, según él, no consideró los elementos presentados por la parte demandante.
En este sentido, Koncke destacó que, a pesar de haber proporcionado pruebas contundentes, como recibos de sueldo y facturas de gas, que demostraban un aumento del 1.300% en los costos fijos, la justicia no analizó correctamente el caso.
“Ellos hablan de supuestos y nosotros hablamos de hechos concretos”, señaló, refiriéndose a la negativa judicial de admitir el amparo por falta de pruebas.
El rechazo del amparo, según Koncke, se fundamentó en la idea de que los aumentos no afectaban la “vida digna” de los vecinos de Itaembé Guazú. “Dijeron que el amparo no es la vía adecuada para analizar cómo se construyen los costos fijos del servicio de gas”, explicó el abogado. Para la justicia, este tipo de casos debería seguir un proceso ordinario que comience en la defensa del consumidor y, si es necesario, se judicialice después.
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“El aumento fue de 1.400 pesos a más de 20.000, y eso para muchos de nuestros representados significa un costo que no pueden asumir. Están en el umbral de indigencia”, afirmó Koncke. Además, añadió que los vecinos fueron categorizados en una categoría tarifaria más alta de lo que deberían, lo que agravó la situación económica de las familias afectadas.
A pesar de este revés judicial, los vecinos decidieron formar una nueva asamblea y llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Estamos preparando el escrito para la Corte porque la justicia federal local no ha analizado ni un punto. Ni siquiera miraron las pruebas”, denunció el abogado.
Además, Koncke adelantó que argumentarán ante la Corte que se trata de un grupo vulnerable que no puede costear los aranceles judiciales, que podrían ascender hasta los dos millones de pesos.