Claudia Medera, vecina del barrio Nuevo Oeste II de Posadas, vive meses de angustia mientras lleva a cabo una disputa legal tras descubrir que el terreno que adquirió en 2021 fue puesto en fideicomiso poco antes de su compra. “Cuando hicimos la compra fuimos estafados por la inmobiliaria no por la escribanía” sostuvo vehemente.
En diálogo con “El País de la Libertad”, Medera explicó cómo se vio envuelta en esta situación, subrayando que la inmobiliaria Posadas fue quien gestionó todo el proceso de compra, incluida la derivación a la escribanía. La denuncia penal que ella y otros vecinos interpusieron apunta directamente a la empresa constructora, (HC Construcciones) dejando de lado a la escribanía Sarquis Rocabert. En la demanda se sostiene que fue la inmobiliaria quien incumplió múltiples promesas y obligaciones.
“Al inicio era todo alegría y felicidad, porque uno espera tantos años en esta Argentina tan complicada para comprar algo para vivir”, relató Medera sobre cómo se sintió cuando decidió adquirir el terreno en cuestión. Sin embargo, esa emoción inicial pronto dio paso a una amarga realidad.
Según narró, la confianza que depositó en la inmobiliaria la llevó a no tomar las precauciones necesarias, como pedir un informe de dominio en el registro de la propiedad. “Me confié de la inmobiliaria, me creí, no sé lo que pasó. No sé cómo explicarlo”.
Medera revelo que conoció el proyecto a través de una portera en el edificio donde vivía en ese entonces. “Me comentó, y en esa inmobiliaria trabajaba alguien conocido mío”, recordó. Después de que le ofrecieran una casa con terreno, y al no poder costearla en ese momento, decidió adquirir solo el terreno con la idea de construir más adelante. “El proyecto era divino, todo adoquinado, empedrado, todo algo urbanizado, que nada de eso pasó”, señaló, destacando que las expectativas que tenía del lugar nunca se materializaron.
Respecto al proceso de compra del terreno, indicó que lo realizó íntegramente con la inmobiliaria Posadas. Medera explicó que fue esa empresa la que la derivó a la escribanía para formalizar el contrato de compra-venta.
“Ellos mismos me llevaron hasta la escribanía Rocabert a firmar el contrato de compra-venta”, comentó. “Solo firmé el contrato de compra-venta del terreno. Ahí terminó todo el trámite con la escribanía”.
En tanto, Medera fue clara en desmentir cualquier involucramiento de la escribanía en los problemas posteriores, recalcando que la denuncia penal está dirigida contra la inmobiliaria y la empresa constructora. “La denuncia penal la hicimos solo a ellos”, enfatizó, mencionando a Daniel Álvarez de Oliveira y Néstor Gallego como responsables del proyecto. “Ellos son los responsables del proyecto que nos vendieron”.
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El descubrimiento del fideicomiso
Medera adquirió el terreno en julio de 2021, sin saber que, en mayo del mismo año, la empresa había colocado el terreno en un fideicomiso. “Sabiendo ellos que estaban en fideicomiso, me vendieron el terreno”, denunció. Fue recién cuando intentó formalizar el título de propiedad que descubrió la situación. Según su contrato, tenía 90 días para realizar el trámite, pero al hacerlo, se enteró de que la propiedad estaba comprometida como garantía de deuda.
Para Medera, este hecho transformó su sueño de la propiedad en una pesadilla legal. “Me pidieron 15 mil dólares, nos denunciaron por intrusos”, dijo, detallando que incluso la policía se involucró en el caso, lo que le generó una gran angustia personal y familiar. “Tengo una hija que estudia en la facultad. La verdad que yo tengo 49 años, no pensé vivir esta situación”.
Claudia no es la única en esta situación. Otros cinco vecinos enfrentan problemas similares: algunos lograron resolver parcialmente sus casos, mientras que otros, como Medera, siguen esperando una solución. “Somos cinco los que tienen la misma situación que yo”, explicó, agregando que, en algunos casos, las construcciones ni siquiera se finalizaron. “Esperemos llegar a algo por lo menos con esta situación”, expresó.
