En la chacra 239 de la ciudad de Posadas, 13 familias se encuentran al borde del desalojo. A pesar de estar registradas en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y en el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), los residentes aseguran haber recibido notificaciones que les exigen abandonar sus hogares en menos de diez días.
“Las 13 familias que están afectadas por este desalojo estamos inscriptas en el RENABAP y en el IPRODHA”, afirmó Cecilia Paredes, vecina de la chacra, quien en diálogo con “La Última Rosca” de Radio Up 95.5 detalló que esta situación sumió al barrio en un estado de alerta y movilización.
La orden de desalojo, según relató Paredes, llegó tras años de vivir en terrenos que previamente estuvieron en juicio de expropiación. Durante ese tiempo, los actuales ocupantes compraron estas tierras en diversas transacciones. “Los terrenos son privados y se encontraban en juicio de expropiación”, explicó Paredes, y agregó que “hoy en día ya están sus herederos y quieren desalojarnos a pesar de que hemos pagado, tenemos boletos de compraventa y hasta títulos por estas tierras”.
La notificación llegó a las familias en diferentes días, comenzando el pasado 10 de noviembre. Paredes explicó que la situación llevó a los vecinos a buscar respuestas en diversas instancias. “Fuimos a Defensoría del Pueblo, a la oficina de Acceso a la Justicia también, pero aún no obtuvimos ninguna ayuda”, lamentó.
En ese contexto, los vecinos optaron por visibilizar su situación a través de cortes de calle y otras movilizaciones. “La verdad es que estamos moviéndonos por diferentes entidades, por diferentes partes, pero no tenemos ninguna respuesta positiva, digamos, a nuestra situación”, expresó con frustración.
La incertidumbre es aún mayor debido a la rápida ejecución de la orden de desalojo. “La notificación nos llegó el 10 de noviembre. Nos alarmó porque fue un domingo que nos llegó la notificación», relató Paredes. Además, explicó que no todos los residentes la recibieron al mismo tiempo: “A algunos vecinos recién hoy les llegó la notificación, y la policía les decía que les quedan seis días para desalojar el lugar”.
Esta inmediatez dejó a las familias en alerta, ya que, según Paredes, “nos dicen que en cualquier momento vienen, hasta que es un desalojo inminente, estamos a la espera de cualquier cosa”.
La situación jurídica se complicó aún más debido a la falta de representación legal. Paredes explicó que inicialmente contaban con un abogado, pero que recientemente dejó de representarlos. “Nos empezamos a averiguar mediante un abogado que estuvo en un principio con nosotros; ahora ya no está», comentó. Según Paredes, el abogado, de apellido Ayón, “ya no nos está acompañando en nuestra causa”, lo que los deja en una posición vulnerable en el proceso judicial.
A pesar de su registro en el RENABAP y de contar con comprobantes de pago y boletos de compraventa, las familias ven poco respaldo de las instituciones. “Estamos inscriptos en el RENABAP, tenemos también el IPRODHA, por lo tanto, tenemos entendido que la ley tendría que respaldarnos, pero hasta ahora no se está viendo eso”, enfatizó Paredes. Asimismo, relató que se presentaron notas y solicitudes a organismos como la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos y Tierra y Hábitat. Sin embargo, hasta el momento, “todo lo que recibimos es negativo”.
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La Defensoría del Pueblo se comprometió a acompañarlos en caso de que el desalojo se lleve a cabo, pero, según Paredes, no pueden proveerles un abogado. “Ellos nos pueden asesorar, inclusive pueden acompañarnos en el momento de que llegue a suceder el desalojo, eso sí, pero darnos, digamos, a algún abogado que nos represente, no pueden hacer eso”, señaló.
La situación es delicada, ya que muchas de las familias afectadas incluyen niños, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. “Aquí se pagan servicios, se paga internet, se paga wifi”, señaló Paredes, destacando el sentido de pertenencia y permanencia de los vecinos.
“La verdad es que hay muchos niños, menores de edad, personas discapacitadas, mujeres embarazadas. Es una situación bastante alarmante porque no nos dan respuesta de qué pasaría en caso de que el desalojo se proceda. Nos quedaríamos en la calle directamente todas las 13 familias”, advirtió.
En un último esfuerzo, los vecinos están intentando que el juez a cargo del caso revise la situación, teniendo en cuenta sus antecedentes de compra y su registro en los organismos estatales.
Sin embargo, hasta el momento no han logrado que se reconsidere la orden de desalojo. “Estamos tratando de hacerle llegar al juez la sugerencia de que revea el caso, de conseguir una prueba, de conseguir una respuesta, pero hasta ahora no tenemos respuesta”, explicó Paredes, con la esperanza de obtener una respuesta que impida que las familias pierdan sus hogares.
