Por ley nacional y provincial, los desalojos en barrios populares están prohibidos. Sin embargo, en la Chacra 190 del barrio Laurel, en Posadas, la justicia intenta expulsar a Teresa Álvez Ferreira de su vivienda, donde reside desde hace 27 años.
La situación, generó alarma en la comunidad y encendió el debate sobre el derecho a la vivienda y la regulación de la tierra en Misiones. El caso de Teresa se remonta a inicios de 2024, cuando llegó la primera orden de desalojo. Sin embargo, el documento no llevaba ni su nombre ni la dirección correcta. “El desalojo fue ordenado a nombre de otra persona, pero querían sacarla igual a mi mamá”, relató su hija Patricia Cristaldo en diálogo con el programa “El País de la Libertad”, a través de Radio Up 95.5.
Detrás del pedido de desalojo está Omar Filiberto Rodríguez, funcionario de la empresa de energía EMSA y uno de los titulares registrales del terreno. Según su familia, Teresa intentó comprar el lote hace años, pero la dueña de entonces solo quería vender la manzana completa. “Mi mamá está con un problema de salud. Ella tiene un certificado de discapacidad aparte y tiene problemas del corazón y otros problemas que son también graves”, sostuvo Teresa Álvez.
El terreno donde Teresa vive está dentro del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y cuenta con el certificado correspondiente desde 2017. “Mi mamá no es usurpadora ni alquila, ella tiene la constancia de RENABAP y paga todos los servicios”, aseguró su hija Griselda Ferreira. Pese a esto, en noviembre de 2023 la policía se presentó en su casa con una orden de desalojo que nuevamente no llevaba su nombre ni dirección. “Mi mamá estaba durmiendo cuando llegaron. Una vecina me avisó y cuando llegué, la policía ya estaba allí con la orden, pero no era ni su nombre ni su terreno”, relató Patricia.
El Juzgado Civil y Comercial N° 5 de Posadas, a cargo del juez Fernando Escalante, es quien avala el proceso de desalojo, pese a que tanto la ley nacional 27.453 como la ley provincial 22-28 suspenden los desalojos en barrios relevados por RENABAP. A pesar de las normativas vigentes, Teresa enfrenta una situación de hostigamiento y amenazas. “Pasan por la casa y le sacan fotos, está asustada. La semana pasada le quisieron sacar el medidor de luz por orden judicial”, denunció Patricia.
Para defenderse, la familia organizó actividades solidarias para costear los honorarios de una abogada, ya que no recibieron asistencia legal gratuita. “Fuimos al Poder Judicial a pedir un defensor público, pero la abogada que nos asignaron le dijo a mi mamá que era una usurpadora y que no había nada que hacer”, lamentó Griselda. Luego recurrieron a la Defensoría del Pueblo, pero el cambio de gestión dejó su caso sin seguimiento. “Con mi hermana vendemos empanadas y pastelitos para poder pagar a una abogada que sí quiso tomar el caso”, agregó.
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El intento de desalojo de Teresa no es un caso aislado. En Misiones existen 243 barrios populares registrados en el RENABAP, donde la legislación vigente prohíbe los desalojos. Sin embargo, distintas maniobras legales y administrativas ponen en riesgo a familias enteras. “Estamos hablando de años viviendo en la misma tierra, pagando servicios, formando una comunidad. Y el juez sigue insistiendo con el desalojo, ignorando la ley”, denunció Patricia. “El interés del gobierno provincial en todo caso de adquirir esa tierra como lo marca la ley nacional al propietario y después vendérsela a los ocupantes”, sostuvieron las jóvenes.
Mientras la lucha de Teresa y su familia continúa, la comunidad se mantiene en alerta ante el temor de que la justicia vuelva a intentar sacarla de su hogar. “No sabemos qué más hacer para que el juez entienda que mi mamá tiene derecho a quedarse”, concluyó Griselda. En un contexto donde el acceso a la vivienda sigue siendo una problemática urgente, casos como este exponen las falencias del sistema judicial y la necesidad de garantizar el derecho a una vivienda digna para todos.