El Juzgado de Instrucción 6 suspendió las audiencias indagatorias programadas en la causa contra doce docentes, acusados de haber causado destrozos en la Legislatura de Misiones durante la protesta realizada el 23 de mayo.
En este marco, Roxana Rivas, abogada laboralista y representante de nueve de los doce docentes imputados, dialogó con Radio Up 95.5 durante el ciclo “El País de la Libertad”, donde afirmó que la falta de pruebas concretas ha sido clave en esta resolución.
“Esta semana se habían previsto algunas audiencias indagatorias que finalmente se revocaron, están suspendidas y el juzgado no tiene pruebas suficientes para imputarles ningún delito”, declaró Rivas, señalando la debilidad del caso desde sus inicios.
Según la abogada, las denuncias presentadas por dos jefes de seguridad de la Legislatura mencionaban daños leves y robos, pero “ninguno de los denunciantes, ni la fiscalía, ni el juzgado pudieron identificar a los responsables”.
La abogada subrayó que la investigación no ha logrado individualizar a los supuestos autores de los hechos descritos, lo que ha llevado a una situación absurda: “No hay personas que estén identificadas, sin embargo, hay imputados”. Esta carencia de pruebas ha forzado a la Justicia a admitir, aunque sea de manera implícita, que no tienen nada en contra de los docentes acusados.
Rivas también denunció la falta de fundamento en la imputación, destacando que algunas personas fueron citadas sin haber participado en la manifestación. “Hay personas que fueron citadas que no estuvieron, como es el caso de una de las investigadoras gremiales, Genesini. Y otra más que ni siquiera es docente”, explicó.
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A pesar de la suspensión provisional de la causa, Rivas advirtió que la investigación podría reactivarse en el futuro. Sin embargo, cuestionó la legalidad de las medidas cautelares impuestas, como la prohibición de acercamiento a la Legislatura: “Ni siquiera hay peligro ni motivos para una medida de custodia tan restrictiva”. La abogada sugirió que el próximo paso sería solicitar el archivo de la causa si no se presentan pruebas adicionales en los plazos legales establecidos.
El caso, según Rivas, refleja una intención clara de “disciplinar” a los referentes políticos y sindicales. “Siempre que se criminaliza la protesta social o los reclamos de los sectores de los trabajadores, se selecciona bajo el paradigma del liderazgo”, señaló. Rivas criticó la concepción errónea de que los movimientos de trabajadores son liderados de manera vertical, cuando en realidad “las decisiones son asamblearias”.
La abogada concluyó que, a pesar de los intentos del gobierno de Misiones de “disciplinar” a los dirigentes mediante la judicialización de las protestas, estas acciones no han logrado su objetivo.
“Cuando las cuestiones están muy complejas, como es ahora, la gente sale igual a protestar”, afirmó, dejando claro que la movilización de los trabajadores no se detendrá por la criminalización de sus líderes.
Este caso, junto con otra causa en curso por desobediencia judicial contra Leandro Sánchez y Mónica Gurina, también pone en evidencia la estrategia del gobierno provincial para acallar las voces de los trabajadores.
