En una cuenta regresiva que el municipio aguarda expectante, restan menos de 100 días para la firma de su nueva Carta Orgánica, la cual permitirá la convocatoria a elecciones legislativas en 2025. En este contexto, Damián Monzón, vicepresidente de la Convención Constituyente de Garupá, dialogó con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5 y brindó un panorama sobre los avances alcanzados y los desafíos pendientes.
En primera instancia, Monzón destacó que, a pesar de las dificultades inherentes a la creación de un documento de esta magnitud, se ha logrado avanzar significativamente en varias áreas clave.
“Hemos pasado ya la fase de dictamen y aprobación de comisiones, todo respecto a un proyecto que había presentado, que era sumar la figura del viceintendente para el espectro político institucional del municipio”, afirmó Monzón.
Este cargo, según explicó, será fundamental en la gestión y cercanía con la ciudadanía, en un municipio que enfrenta importantes desafíos socioeconómicos.
Otro de los acuerdos alcanzados es la ampliación del número de concejales. Actualmente, el municipio cuenta con siete, pero se decidió aumentar el número a once. “Se ha acordado el punto medio, sumar cuatro concejales el año próximo, que serían también nuestras primeras elecciones intermedias”, indicó Monzón.
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Sin embargo, un tema que aún no se ha resuelto es el proceso de elección del Defensor del Pueblo. “Nosotros queremos que simplemente el sistema de elección directa, que sea un candidato por partido, por frente, o alianza vecinal, puede ser dentro del municipio”, señaló Monzón. No obstante, todavía falta definir cómo se financiará y cuál será el alcance de este cargo.
En tanto, y con respecto al sistema electoral, Monzón mencionó la posibilidad de crear un proceso electoral propio para el municipio, que podría incluir un tribunal electoral independiente. Sin embargo, hasta que esta ordenanza no esté vigente, Garupá se regirá por el sistema provincial de Ley de Lemas.
Por último, se refirió a uno de los desafíos más ambiciosos como lo es la regulación de la movilidad futura, señalando que “lo que tratamos de hacer es dejar un marco legal y formal para que las futuras reglamentaciones consideren este impacto de forma anticipada”, expresó Monzón.
