El pasado 30 de julio se llevó a cabo una audiencia pública para discutir el aumento del costo del pasaje del boleto urbano del transporte de pasajeros. Sin embargo, los usuarios se sienten frustrados y cuestionan la efectividad de estas audiencias, ya que consideran que los aumentos ya están decididos de antemano.
Para arrojar luz sobre este tema, Marcos Contreras, presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores «Defender», dialogó con Radio Up 95.5 durante el ciclo “La Última Rosca” y se refirió a la situación.
“Sabemos que las audiencias públicas no son vinculantes, pero ¿cómo puede ser que, aunque los usuarios expresen su desacuerdo con el servicio, los aumentos se den igual?”, se preguntó Contreras. Según él, la realización de estas audiencias es un procedimiento que debe cumplirse según la ordenanza vigente, aunque las decisiones ya están tomadas con antelación. “Teníamos la inocente esperanza de que algo cambiaría, pero sabíamos que esto iba a suceder más o menos para esta fecha”, explicó.
Contreras subrayó que las empresas de transporte suelen justificar los aumentos alegando altos costos operativos. “Lo que nosotros decimos desde la asociación es que el costo operativo de las empresas debe ser absorbido por ellas mismas”, argumentó.
Además, añadió que las empresas reciben subsidios del Gobierno provincial, municipal y nacional, lo cual debería compensar sus costos. “Los subsidios no salen de la Divina Providencia; salen de las tasas, impuestos y contribuciones de cada ciudadano”, enfatizó.
Además, Contreras destacó la falta de transparencia y el retaceo de información por parte de las empresas. “El representante de la empresa lee el mismo esquema año tras año, inclusive con errores de redacción repetidos”, criticó. Para él, la situación es clara: “El municipio tiene un excelente cálculo del costo operativo, pero no vemos cómo impactan los distintos aportes recibidos”.
La situación del transporte público en Posadas no solo afecta el bolsillo de los usuarios, sino también su calidad de vida. “Usar el transporte urbano de pasajeros genera desgaste, estrés y enfermedades”, señaló Contreras. En este contexto, los medios alternativos de transporte se están volviendo más eficientes y prácticos. “Termina siendo más económico y cómodo moverse en auto con amigos que usar el colectivo”, afirmó.
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Respecto al futuro del transporte público, Contreras propone varias soluciones. “Uno de los grandes problemas que tenemos es el sistema de sanciones punitivas por parte de la empresa”, dijo. Según él, las denuncias de los usuarios no prosperan porque quedan en manos del Ejecutivo provincial, que no actúa. “Falta la intervención y participación de los otros municipios que comprenden el sistema metropolitano”, añadió.
Para Contreras, es crucial que el control y las sanciones vuelvan al Ejecutivo municipal. “Las terminales de transferencia, los sistemas de control, todo tiene que estar en manos del municipio”, sostuvo. Así se podría establecer un régimen real de intimación y sanciones punitivas administrativas. “El esquema de sanciones debe afectar directamente a la empresa para que se cumplan las prestaciones”, explicó.
Finalmente, Contreras denunció la reciente aprobación de un acuerdo por parte del Ejecutivo provincial para comprar 70,000 tarjetas SUBE a un costo de 5 dólares cada una. “Es una mera impresión que no cuesta ni el 5% de lo que ellos plantean”, critica. “Otra vez, la empresa es favorecida a costa del bolsillo de los usuarios”.
