//
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), junto a otras organizaciones, presentó una acción judicial para exigir al gobierno nacional que clarifique sus propuestas para abordar la violencia de género, en un contexto de “mucho debilitamiento” de la Línea 144, según señaló Agustina Rossi, socióloga especializada en género y miembro de ELA.
A 12 años de su creación, el dispositivo sigue funcionando, pero enfrenta una precaria situación que pone en riesgo la ayuda a mujeres y diversidades en todo el país.
Reducción de personal y falta de transparencia presupuestaria para la Línea 144
Rossi precisó en diálogo con La Última Rosca por Radio Up que “en un año se despidió al 40% de las trabajadoras que atienden la línea en todo el país”. A eso se suma la pérdida de transparencia en la asignación de recursos.
“Desde el 2018 la línea 144 figuraba como un ítem en el presupuesto”, lo que permitía saber con exactitud el dinero destinado a su funcionamiento. Sin embargo, en los proyectos de presupuesto del 2025 y del 2026 -presentado el lunes pasado-, esta partida ya no figura, lo que impide saber cuánto dinero se está destinando a su mantenimiento.
Un organismo clave y la negación del problema
Rossi advirtió que tras la eliminación del Ministerio de Mujeres, Argentina por primera vez en 40 años de democracia se quedó sin un organismo nacional encargado de políticas para atender las violencias, lo que provocó la caída de programas clave como la Línea 144, según señaló.
La falta de políticas y de propuestas que reparen esa ausencia de programas preocupa por demás en un contexto en que discursos políticos niegan la existencia de la violencia de género. “Hoy estamos con un discurso de 'la violencia no existe', entonces se vuelve a este pasado oscuro de creer que si vos sufrís violencia es por culpa tuya, que ‘algo habrás hech’ y ‘fijate vos cómo salís de esa situación’”, citó.
La socióloga lamentó esos retrocesos: “Pensábamos que lo habíamos revertido”. Ese escenario, según la experta, desincentiva a las víctimas a buscar ayuda y las hace dudar de su propia situación, creyendo que la violencia es su culpa.
Por la culpabilización, menos víctimas se animan a denunciar
Para visibilizar esta problemática, ELA y otras organizaciones iniciaron una acción judicial que exige al gobierno nacional que explique cómo cumplirá con su responsabilidad de atender y prevenir la violencia. “Esta acción lo que busca es justamente que el gobierno diga cuál es su propuesta”, explicó.
Finalmente, la especialista mostró su preocupación por proyectos de ley que buscan penalizar más gravemente a quienes denuncian violencia, bajo el argumento de las “falsas denuncias”. Rossi recalcó que esto es alarmante, ya que solo “dos de cada 10 personas que sufren violencia la denuncia”.
La criminalización de las denuncias podría disuadir a más mujeres de buscar la ayuda que necesitan, a pesar de que la ley ya contempla la penalización de las falsas denuncias en cualquier caso, añadió.
Leé también La policía de Misiones pide ‘paciencia’ a la víctima de violencia de género: su agresor un policía
Medidas de protección y falencias en el sistema
Parte de la discusión también apunta al rol que ocupa el Poder Judicial en la protección de las víctimas de violencia, sistema que, reconoció Rossi, todavía tiene falencias especialmente con las medidas de protección que emite. “El botón antipánico es una medida buena y útil, pero por ejemplo, no funciona en aquellos lugares donde no hay señal de internet”: a impedimentos como estos se suman otros, como la distancia de los centros de acceso a la justicia de las localidades más pequeñas del país.
♀️♂️ Misiones incorporó 358 nuevos agentes policiales con formación en DD.HH. y equidad de género. Reforzarán tareas preventivas en los 79 municipios. #Seguridad #Misiones https://t.co/mHN0ot8f2L pic.twitter.com/eE6c3OtarL
— Radio Up 95.5 (@radioup955) August 7, 2025
