La diputada provincial “Miky” González Coria presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la provincia para derogar los artículos 5, 6 y 7 de la Ley XIV – Nº 16, que regula la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos.
Según la legisladora, estas disposiciones podrían vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la privacidad y el debido proceso.
En los fundamentos de su propuesta, González Coria argumentó que la normativa vigente, sancionada recientemente, otorga amplias facultades al fiscal especializado en ciberdelitos, lo que podría traducirse en interpretaciones arbitrarias y persecuciones a opiniones críticas sobre funcionarios públicos o instituciones.
Además, considera que los artículos cuestionados son inconstitucionales y contradictorios con el Código Penal de la Nación, al exceder las competencias provinciales en materia legislativa.
Principales cuestionamientos al articulado:
- Artículo 5: Establece agravantes para delitos de defraudación, lo que, según la diputada, invade competencias del Código Penal Nacional, una norma de fondo que debe prevalecer sobre legislaciones provinciales.
- Artículo 6: Permite el secuestro de dispositivos electrónicos sin orden judicial previa. González Coria señaló que esta medida afecta gravemente la privacidad y podría ser utilizada para censurar las redes sociales, limitando la libertad de expresión y el control ciudadano sobre los actos gubernamentales.
- Artículo 7: Autoriza al fiscal a actuar contra «noticias falsas» o «fake news» generadas mediante plataformas digitales.
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Es por ello que Gonzalez Coria, expresó su preocupación por la falta de criterios claros para definir qué constituye una noticia falsa, lo que podría dar lugar a un uso discrecional de esta norma para silenciar voces opositoras y restringir el debate público.
Además, también advirtió sobre el riesgo de autocensura entre los ciudadanos, quienes podrían evitar expresarse por temor a represalias legales. “La ley, tal como está redactada, crea un ambiente de intimidación que pone en jaque derechos fundamentales de los misioneros”, afirmó.
Finalmente, la diputada destacó que su proyecto busca resguardar las garantías constitucionales y el respeto por los derechos civiles en la provincia.
El texto del proyecto fue firmado por todos los Diputados del bloque PRO y remitido al Poder Ejecutivo Provincial para su análisis y debate.
