Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de Argentina deben afrontar 62 obligaciones tributarias y administrativas durante el año, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales, además de distintos regímenes de retención, percepción e información. Así lo señala el Vademécum tributario argentino de PyMEs 2026, elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que advierte sobre las dificultades que estas exigencias generan para la competitividad empresarial.
El relevamiento contabilizó 34 tributos y 28 regímenes administrativos. Del total de impuestos identificados, 16 corresponden al ámbito nacional, ocho al provincial y 10 al municipal.
Entre los gravámenes nacionales figuran el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias para sociedades, el Impuesto al Cheque, los derechos de importación y exportación y las contribuciones patronales.
En el nivel provincial, el listado incluye el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), el Inmobiliario, el Impuesto al Automotor y el Impuesto de Sellos. En el ámbito municipal, se destacan la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), los derechos de Publicidad y Propaganda y diferentes tasas inmobiliarias y automotrices.
Menos tributos que en 2025, pero con obligaciones administrativas
La cantidad de tributos relevados pasó de 37 a 34 en comparación con el año anterior. Según el informe, la reducción se explica por la eliminación de los impuestos internos aplicados a los seguros y a la telefonía celular, además de un cambio metodológico que excluyó la tasa por ocupación de espacios públicos, debido a que alcanza actividades específicas.
También disminuyó la cantidad de regímenes de retención, percepción e información, que bajó de 30 a 28. Sin embargo, solo una de esas modificaciones representó una reducción generalizada de obligaciones: la eliminación del régimen relacionado con el Impuesto PAIS. La otra correspondió a un régimen que alcanzaba exclusivamente al sector de las escribanías.
Los costos de cumplir con las exigencias fiscales
Para elaborar el estudio, los investigadores tomaron como referencia una PyME constituida como sociedad de responsabilidad limitada (SRL), con establecimiento propio, empleados registrados, vehículos y equipamiento tecnológico.
El modelo también contempla una empresa que utiliza cuentas bancarias, importa insumos y exporta parte de su producción. Además, incluye tanto los impuestos directos como los indirectos incorporados en las facturas de servicios básicos, entre ellos electricidad, gas natural, agua, telefonía celular e internet.
El informe identifica dos dificultades principales asociadas a los 28 regímenes de retención, percepción e información.
La primera es el costo administrativo que deben afrontar las empresas para cumplir con presentaciones periódicas y otros requisitos formales. Estas tareas demandan recursos operativos y mantienen a las firmas expuestas a posibles sanciones o multas ante incumplimientos.
La segunda está relacionada con los saldos a favor que se acumulan por las retenciones y percepciones. Cuando los procedimientos para recuperar esos fondos se demoran, el dinero permanece inmovilizado y deja de estar disponible para financiar el funcionamiento cotidiano de la empresa.
De acuerdo con el análisis, esta situación puede traducirse en un aumento indirecto de la carga tributaria efectiva, debido a que las empresas deben sostener recursos retenidos mientras esperan la devolución correspondiente.
Aunque el relevamiento de 2026 muestra una disminución en la cantidad de tributos y regímenes identificados, el estudio pone el foco en el impacto que tienen las obligaciones fiscales y administrativas sobre los costos operativos y la disponibilidad de fondos de las PyMEs argentinas.



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