El caso se había cerrado contra ella porque no quedaban acusadores, sin embargo, una ONG cercana a Pro presentó una apelación en rechazo al cierre de la investigación contra la vicepresidente y su familia.
Este martes, la Cámara Federal porteña reabrió la investigación contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, en la que había sido sobreseída el 5 de junio pasado.
Vale recordar que el juez federal Sebastián Casanello había dictado el sobreseimiento porque ya no quedaban acusadores que sostuvieran que se la debía investigar en este caso, en el que el empresario Lázaro Báez fue condenado a diez años de prisión por lavado de activos. “Sin acusación no hay proceso penal posible”, sostuvo el magistrado que fundó su decisión en el pedido de sobreseimiento de la vicepresidenta que había presentado once días antes el fiscal del caso, Guillermo Marijuan.
A ese pedido del fiscal se sumaron los dos organismos estatales que intervinieron como querellantes –durante la gestión de Cambiemos– en este expediente: la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Pero después, con el caso contra Cristina Kirchner ya cerrado, se presentó la Asociación Civil Bases Republicanas, una ONG cercana a Pro, que pidió ser aceptada como querellante y reclamó que el caso se reabriera. Por dos votos contra uno, la Cámara Federal hizo lugar hoy a ese planteo de reapertura.
Votaron en favor de lo pedido por Bases Republicanas los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, que resolvieron: “Revocar el auto de mérito de fecha 5 de junio, que dispuso el sobreseimiento de Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner, debiendo el juez a quo volver a expedirse con arreglo a los parámetros y con las finalidades fijadas en la presente resolución”.
En contra votó el otro miembro del tribunal, el camarista Eduardo Farah, que dijo: “No habiendo acusación fiscal y no siendo la ONG ‘Bases’ una parte habilitada legal y constitucionalmente para querellar penalmente en la causa (…), debe estarse al sobreseimiento dictado en primera instancia”.
De acuerdo con La Nación, la suerte de Cristina Kirchner en este caso dio un giro el 17 de agosto pasado, cuando la Cámara Federal aceptó a la Asociación Bases Republicanas como parte damnificada y acusadora. En un fallo dividido, de dos contra uno, la Cámara habilitó a la ONG a apelar el sobreseimiento que había dictado Casanello a pedido de Marijuan.
En su fallo, el camarista Llorens argumentó que “la incorporación de este nuevo actor” habilitó a que “se reexamine la cuestión fondo objeto de esta causa”. Y sostuvo que los argumentos expuestos por Bases Republicanas “resultan suficientes como para advertir la necesidad de despejar por completo la incertidumbre que presenta conocer la verdad de los hechos y la participación de la imputada en esta causa”.
Asimismo, Llorens cuestionó con dureza el dictamen de Marijuan, advirtiendo que “aparece solo como una evaluación parcial y sesgada de elementos aislados del proceso”. Y exigió una “evaluación integral” del rol de Cristina Kirchner que contemple, por ejemplo, las acusaciones del caso Vialidad “que dan cuenta de la relación entre Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner”, de sus “negocios en común”, y de “los beneficios mutuos que esa relación tuvo y podría llegar a seguir teniendo”.
Al contrario, Bertuzzi no fue tan duro en la argumentación de su voto por la reapertura de la investigación sobre Cristina Kirchner. Su planteo fue que como a Bases Republicanas se la aceptó como querellante, Casanello debe dictar un nuevo fallo, dado que el sobreseimiento que dispuso en junio tenía como fundamento que no había acusadores y ahora sí hay uno. Bertuzzi sostuvo que coincidía con Llorens en que se deberán evaluar las pruebas de esta causa junto con las “recabadas en el marco de los procesos vinculados”, pero no cuestionó al fiscal Marijuan, que había sostenido el pedido de sobreseimiento en la incapacidad de reunir pruebas contra la ex presidenta.
La investigación contra Cristina Kirchner, es un tramo residual de la causa en la que Báez fue condenado y la vicepresidenta no estaba entre los investigados. La imputó Marijuan en 2016, cuando la causa estaba ya avanzada, y la indagatoria fue pedida por la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri. Por entonces, Marijuan imputó a CFK por la declaración como arrepentido del “valijero” Leonardo Fariña.
Pero este año, en pleno proceso electoral, Marijuan dijo que no consiguió pruebas que sustenten aquella acusación inicial y que aunque se incorporaron a la causa centenares de contactos entre Cristina Kirchner y Báez, eso no era prueba suficiente para hacerla responsable de un hecho concreto de lavado de dinero. La UIF y la AFIP, en manos de funcionarios kirchneristas, desistieron de proseguir con la acusación.
“La ruta del dinero k” fue la primera gran investigación de lavado de dinero en los tribunales federales de Comodoro Py. En 2021, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Báez con una sentencia emblemática, que incluyó multas y decomisos sin precedentes, y que fue confirmada por la Cámara de Casación, aunque redujo de doce a diez años la pena de prisión del empresario, que fuera amigo personal del ex presidente Néstor Kirchner.
Bases Republicanas, la ONG que logró la reapertura de este caso contra Cristina Kirchner, es una agrupación que declara entre sus objetivos “colaborar en la construcción de institucionalidad de los Estados”. La asociación fue fundada por el ex senador Federico Pinedo y estuvo presidida por Jimena de la Torre, actual consejera de la Magistratura por los abogados.
