El Parlamento de la ciudad aprobó una nueva ley de seguridad nacional que encendió el debate sobre el futuro de las libertades en la región. La ley, que introduce penas más severas por delitos como la traición y la sedición, fue recibida con una mezcla de aprobación y alarma.
El Artículo 23, ahora en vigor, establece una serie de nuevos delitos y penas, incluida la cadena perpetua para casos de interferencia externa e insurrección. Esta medida amplía la controvertida Ley de Seguridad Nacional de 2020, que ya penalizaba la secesión, la subversión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras.
El jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, justificó la ley como una medida necesaria para proteger la región de amenazas internas y externas, aludiendo a preocupaciones sobre posibles actos de sabotaje y subversión. Sin embargo, los críticos advierten que la legislación podría ser empleada para reprimir la disidencia y restringir la libertad de expresión, poniendo en peligro el principio de «un país, dos sistemas» que definió a Hong Kong desde su reintegración a China en 1997.
La ley, que responde a las tensiones de espionaje entre China y Estados Unidos, establece cadena perpetua para delitos graves como la traición y la insurrección, e introduce cinco nuevos delitos, entre ellos el espionaje, el sabotaje y la injerencia extranjera.
A pesar de que las autoridades defienden la ley como un “deber constitucional”, muchos ciudadanos temen que las restricciones ya existentes se intensifiquen, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos caracterizó la ley como un “retroceso” para los derechos fundamentales de la población hongkonesa, lo que refleja la alarma internacional sobre el contenido de la legislación.
El rápido proceso legislativo y la falta de oposición significativa en el parlamento de Hong Kong han sido indicativos del fuerte apoyo del gobierno chino a la ley. Organizaciones de derechos humanos criticaron la ley, describiéndola como “draconiana” y advirtiendo que podría llevar a Hong Kong a “una nueva era de autoritarismo”.
Dudas por el impacto en empresas extranjeras por la ley
La Unión Europea, Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia expresaron su temor por las repercusiones que esta ley podría tener en los derechos y libertades en Hong Kong. Organizaciones como Amnistía Internacional señalan que la Ley de Seguridad Nacional de 2020 ya mermo las libertades en la ciudad y crearon un entorno cada vez más carente de protecciones de derechos humanos.
Las empresas extranjeras, ya afectadas por las estrictas reglas pandémicas y la vacilante economía de China, ahora se enfrentan a la posibilidad de que la confianza en Hong Kong disminuya aún más. Aunque las autoridades aseguraron que la ley no afectará los negocios normales, algunos ejecutivos extranjeros opinan que la ciudad podría volverse menos atractiva para los negocios internacionales. El gobierno de Hong Kong ha justificado la ley, que entrará en vigor el 23 de marzo, como dirigida a una «minoría extremadamente pequeña de personas que ponen en peligro la seguridad nacional».
