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La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, rechazó el pedido de excarcelación de tres mujeres acusadas de integrar una red de extorsión digital que habría operado desde cárceles bonaerenses y que está vinculada al suicidio del cabo Rodrigo Gómez en la Quinta de Olivos. La decisión fue adoptada en el marco de la causa que instruye la Fiscalía Federal N°1, a cargo del fiscal Federico Iuspa.
Las imputadas continuarán detenidas en el penal de Olmos, acusadas de cumplir el rol de recaudadoras dentro de una estructura delictiva que, según la investigación, se dedicaba a extorsionar a hombres mediante aplicaciones y amenazas de difusión de contenido íntimo.
Una organización que operaba desde prisión
De acuerdo con la pesquisa, la banda estaba compuesta por al menos siete internos alojados en las unidades penitenciarias de Magdalena y Olmos, además de cuatro mujeres —tres de ellas actualmente detenidas— y otras personas aún no identificadas.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había explicado que los reclusos coordinaban las maniobras desde las cárceles, mientras que las mujeres eran quienes retiraban el dinero entregado por las víctimas.
La organización habría actuado, al menos, entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero pasado, y se le atribuyen inicialmente tres hechos comprobados, aunque no se descarta que existan más damnificados.
Durante una conferencia de prensa, Arroyo Salgado advirtió sobre la gravedad del caso: señaló que no se trata de un hecho aislado y remarcó el uso de teléfonos celulares en los penales como herramienta para cometer delitos, calificándolos como un elemento que puede transformarse en “un arma letal”.
El caso que conmocionó a la residencia presidencial
La causa se inició el 16 de diciembre de 2025, tras el hallazgo sin vida del cabo Gómez, de 21 años, quien prestaba servicio en el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín del Ejército Argentino. El joven cumplía funciones de custodia en una de las garitas de la residencia presidencial.
Según la investigación, el soldado dejó una carta dirigida a su familia en la que expresó angustia y pidió perdón por la decisión tomada, aludiendo al impacto emocional que le generó haber sido víctima de la organización delictiva.
Los fundamentos para negar la excarcelación
La defensa de las tres mujeres solicitó su liberación, pero el fiscal Iuspa se opuso al planteo al considerar la gravedad de los hechos, la posibilidad de que existan más víctimas y el trágico desenlace del caso.
El representante del Ministerio Público sostuvo que, en caso de recuperar la libertad, las acusadas podrían entorpecer la investigación o eludir la acción de la Justicia, ya que aún restan medidas de prueba pendientes y no se descarta la participación de otros involucrados.
La magistrada coincidió con esos argumentos y resolvió mantenerlas detenidas mientras se aguardan los resultados de los peritajes sobre los teléfonos celulares secuestrados, que podrían aportar nuevas evidencias y ampliar el alcance de la causa.
