Daniela López recibió a los referentes del FTEL en el Consejo General de Educación y les reveló que buscará gestionar una reunión con el ministro de Hacienda Adolfo Safrán, además de controlar el Instituto Superior Politécnico Misiones N° 1, donde aparecen como docentes, el extitular del CGE y el exministro de Educación. El rector del establecimiento, Ramón Arroyos, podría ser apartado. Y Sedoff habría renunciado a las horas superiores y pedido licencia en el cargo de administrativo del Consejo, por el que cobra $870 mil mensuales.
Este miércoles y en el marco de un paro de 24 horas organizado por el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL), la nueva presidente del Consejo General de Educación Daniela López recibió a los referentes del sector que integran los sindicatos Udnam, UTEM y CTA Autónoma, las agrupaciones Marea Blanca, Tribuna Docente, Docencia y Vocación y Corriente Conte Santoro, junto a autoconvocados y autoconvocados asamblearios.
Tras la reunión que referentes del FTEL calificaron de “positiva” se conocieron algunos de los compromisos que habría asumido la nueva titular del principal órgano educativo de Misiones.
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En primer lugar, se discutió el reclamo del FTEL por una urgente recomposición salarial para el sector, en especial de los sueldos en blanco, y López habría dicho a los referentes del frente educativo, que buscaría hablar con el Ministro de Hacienda Adolfo Safrán para conseguir una mesa paritaria a la brevedad.
Siendo el punto central de discusión en la reunión con López, la cuestión salarial, también se abordaron otras temas, entre ellos, el escándalo por las irregularidades en la Planta Orgánica Nominal (PON) del Instituto Superior Politécnico Misiones N° 1 (CUISE N° 1672).
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Según fuentes al tanto de lo que sucedió en la reunión con López, el CGE va a auditar el instituto manejado por el rector Ramón Arroyos, señalado como uno de los responsables de los manejos turbios con las designaciones en horas superiores, que se convirtieron en un escándalo provincial al confirmarse que el expresidente del Consejo, Alberto “Colita” Galarza y el exministro de Educación, Miguel Sedoff, están cobrando horas superiores en este instituto, 18 y 11 horas, respectivamente.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el CGE auditaría al instituto que preside Arroyos, a quien le iniciarían un sumario y lo separarían del cargo. El rector goza de 21 horas superiores en el instituto y su esposa Eleonora Ziessmann, también contaría con cargos en horas superiores. En el establecimiento hay malestar de empleados y docentes con las autoridades que propiciaron designaciones presuntamente irregulares y en beneficio de exfuncionarios, militantes, allegados y hasta “hijos del poder”.
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La planta nominal del instituto sigue sin ser publicada por el Consejo desde que estallaron las denuncias por corrupción que salpicaron a Galarza –fue nombrado en 18 horas superiores cuando ejercía como presidente del Consejo–, a Gilson Berger –el renunciado exsubsecretario de Enseñanza Técnica– y a Luis Oviendo –actual director de Educación Superior del CGE–. Pero sí se conocieron novedades sobre este PON que está desaparecido en la reunión con López.
Fuentes consultadas revelaron que en la reunión se supo que el exministro Sedoff renunció a las 10 horas superiores que tenía en el instituto y pidió licencia en el cargo que tiene como “empleado administrativo” del CGE, con un sueldo de $870 mil mensuales. No son datos menores, porque Sedoff está radicado en otra provincia y no puede desempeñar los cargos por los que cobró abultados sueldos desde hace meses.
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Si se confirma el dato, quedará la incógnita siguiente: ¿Sedoff habría renunciado a sus horas superiores y habría pedido licencia al cargo de administrativo del CGE, si nunca hubieran tomado estado público las denuncias por la presunta corrupción con las horas superiores en el instituto politécnico?
La Justicia provincial no está investigando las denuncias, ni siquiera por el accionar de oficio de algún fiscal o juez. Pero esto no es extraño porque desde hace décadas no avanzan causas por corrupción en el Estado en juzgados misioneros.
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