El 30 de octubre de 1983, millones de argentinos volvieron a las urnas después de los años más oscuros de nuestra historia. Aquel día, Raúl Alfonsín fue elegido presidente y comenzó un proceso que, con sus dificultades, contradicciones y enormes desafíos, nos permitió recuperar y sostener durante 43 años la continuidad democrática.
Sin embargo, en una fecha de semejante importancia histórica, llama la atención el escaso lugar que ocupa esta conmemoración en buena parte de la conversación pública. Quizás porque nos acostumbramos a vivir en democracia, quizás porque damos por hecho que es una conquista que ya nos pertenece para siempre. Pero lo cierto es que hay fechas que no deberían pasar inadvertidas, porque nos obligan a recordar de dónde venimos y, sobre todo, a preguntarnos hacia dónde vamos.
Solemos pensar que la democracia es, fundamentalmente, una herramienta para elegir representantes. Los distintos sectores políticos presentan sus candidatos, llega el día de las elecciones, la ciudadanía vota y la historia parece quedar resuelta. Quien gana asume el gobierno y quien pierde busca, por distintos medios, incomodar al oficialismo y construir una alternativa para la próxima elección.
Esa es una explicación elemental del funcionamiento democrático, pero también una mirada demasiado limitada. Porque la democracia no se agota en el acto electoral ni se reduce a la posibilidad de elegir quién gobierna. Su verdadero valor se pone a prueba después de las elecciones, en la manera en que se ejerce el poder, se administran los recursos públicos, se respetan las instituciones y se garantiza la representación de quienes no fueron mayoría.
Y es precisamente en tiempos de crisis cuando necesitamos volver a preguntarnos qué valor le damos a la democracia.
Vivimos tiempos en los que la incertidumbre atraviesa la vida cotidiana. Está en la preocupación de una madre que no sabe cómo afrontar los gastos de su familia, en el trabajador que teme perder su empleo y en el pequeño empresario que mira con preocupación el final del mes porque tiene que reunir el dinero para pagar los salarios. La escasez no es una discusión teórica, ya que, tiene consecuencias concretas sobre la vida de las personas, condiciona sus decisiones y muchas veces reduce sus expectativas de futuro.
En ese escenario, es comprensible que las urgencias económicas ocupen el centro de las preocupaciones sociales. Cuando falta trabajo, cuando los ingresos no alcanzan y cuando sostener una familia se convierte en una dificultad cotidiana, hablar de democracia puede parecer una discusión secundaria. Primero hay que llegar a fin de mes, conseguir un empleo, pagar las cuentas y garantizar lo indispensable.
Pero es justamente ahí donde aparece uno de los mayores equívocos de nuestro tiempo: creer que, frente a la escasez, la democracia puede esperar.
Cuando la necesidad desplaza a la democracia
Si aceptamos que la urgencia económica justifica dejar de lado las reglas institucionales, terminamos admitiendo que cualquier mecanismo de gobierno puede ser válido si promete una salida a nuestros problemas materiales. Y ese es un riesgo que no deberíamos subestimar.
La democracia no puede convertirse en un obstáculo que se deba sortear para tomar decisiones. La división de poderes, el funcionamiento del Congreso, los controles institucionales y la representación de las minorías no son formalidades burocráticas que pueden suspenderse cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Son precisamente los mecanismos que permiten que el ejercicio del poder tenga límites y que las decisiones públicas respondan a reglas compartidas.
Un presidente puede haber sido elegido legítimamente por el voto popular y contar con un mandato para llevar adelante su programa de gobierno. Pero esa legitimidad no le otorga un poder ilimitado ni lo habilita a prescindir de las competencias de los otros poderes del Estado. Gobernar democráticamente también significa aceptar los límites que establece la Constitución, reconocer a quienes piensan diferente y comprender que ninguna mayoría electoral convierte al Estado en propiedad de quien gobierna.
La democracia no es solamente una legitimidad de origen. También es una responsabilidad en el ejercicio del poder.
Sin embargo, pareciera que estamos naturalizando algunos equívocos peligrosos. El primero es creer que la democracia está garantizada para siempre, como si fuera una conquista que ya no necesita ser defendida ni ejercida. El segundo es suponer que quien llega al gobierno mediante elecciones adquiere el derecho de hacer lo que quiera, porque representa la voluntad popular. Y el tercero es considerar que, cuando las dificultades económicas se profundizan, las cuestiones institucionales pueden quedar relegadas frente a cualquier promesa de solución.
Los tres equívocos se relacionan entre sí y tienen una consecuencia: la democracia empieza a perder importancia.
Y eso puede ocurrir sin que nadie anuncie su intención de derrocar a un gobierno, eliminar las elecciones o clausurar el Congreso. Puede suceder de una manera mucho más silenciosa: cuando dejamos de exigir que el poder respete las instituciones, cuando naturalizamos que las minorías sean ignoradas y cuando aceptamos que las necesidades económicas justifiquen cualquier procedimiento.
El poder y las responsabilidades que no se pueden delegar
La Argentina atraviesa una etapa en la que estas discusiones adquieren especial relevancia. El Gobierno nacional conduce con una concepción del poder que privilegia sus propias decisiones y que, en reiteradas ocasiones, coloca a la oposición y a las minorías en un lugar de escasa consideración. No se trata de desconocer la legitimidad electoral del oficialismo ni su derecho a impulsar las políticas por las que fue elegido. Se trata de recordar que gobernar no significa solamente imponer una voluntad, sino también reconocer los mecanismos institucionales que hacen posible la convivencia democrática.
Pero la responsabilidad no termina en el oficialismo.
Una democracia también necesita una oposición que esté a la altura de su función. Una oposición que no confunda su tarea con la simple acumulación de críticas, que no reduzca su horizonte a esperar el desgaste del Gobierno y que comprenda que representar a quienes no fueron mayoría implica una responsabilidad institucional permanente.
La oposición tiene que controlar, cuestionar, proponer, construir consensos cuando sean necesarios y ofrecer alternativas. Tiene que hacer visible aquello que el oficialismo no quiere discutir y defender los derechos de quienes no se sienten representados por las decisiones del Gobierno.
Cuando el oficialismo desconoce o debilita los espacios de discusión y la oposición no consigue ejercer con claridad su responsabilidad de representación y control, la democracia pierde calidad. La división de poderes deja de ser una virtud del sistema para convertirse en una disputa de intereses o, peor aún, en una escenografía institucional.
No alcanza con tener un gobierno y una oposición para afirmar que la democracia funciona plenamente. Es necesario que ambos comprendan y ejerzan las responsabilidades que les corresponden.
La democracia necesita algo más que elecciones
Llegados a este punto, la pregunta es inevitable: ¿estamos discutiendo solamente quién va a gobernar la Argentina en las próximas elecciones? ¿Vamos a reducir nuevamente el debate político a elegir entre Milei, el kirchnerismo u otra alternativa, sin preguntarnos qué concepción de democracia representa cada propuesta y qué responsabilidades estamos dispuestos a exigirles a quienes nos gobiernan?
Porque la democracia no puede ser una preocupación reservada para los tiempos de abundancia. Mucho menos puede convertirse en un lujo que una sociedad se permite cuando tiene resueltas sus necesidades materiales.
Una familia que necesita un empleo, un trabajador que busca sostener sus ingresos o un pequeño empresario que intenta mantener abiertos sus puestos de trabajo necesitan respuestas económicas. Pero también necesitan instituciones que funcionen, representantes que cumplan sus responsabilidades y un Estado cuyas decisiones se adopten respetando las reglas democráticas. Necesitan una democracia capaz de generar las condiciones para que puedan construir un futuro.
Raúl Alfonsín supo sintetizar una parte fundamental de ese compromiso cuando afirmó que con la democracia se come, se cura y se educa. No era una frase para decorar discursos ni una promesa que se agotaba en el regreso de las elecciones libres. Era una definición política sobre el sentido que debía tener la recuperación democrática: mejorar la vida de las personas.
Quizás sea tiempo de recuperar esa discusión. No para mirar con nostalgia el pasado, sino para asumir las responsabilidades del presente.
Defender la democracia no es solamente recordar que podemos votar. Es exigir que quienes gobiernan respeten las instituciones, que quienes representan a la oposición ejerzan su función y que la política vuelva a hacerse cargo de las condiciones de vida de la sociedad.
En tiempos de escasez, cuando la necesidad puede empujarnos a aceptar cualquier respuesta, la democracia necesita algo más que declaraciones de principios. Necesita dirigentes que la ejerzan, instituciones que la hagan valer y ciudadanos que no renuncien a exigirla.
Porque si dejamos de discutir cómo se ejerce el poder y qué hacemos con él, terminaremos discutiendo únicamente quién lo ocupa. Y una democracia reducida a esa pregunta corre el riesgo de perder aquello que le da verdadero sentido: la posibilidad de construir, entre todos, una sociedad en la que vivir mejor no sea una promesa electoral, sino un horizonte colectivo.
