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Las familias tienen costumbres que se heredan de una generación a otra en la Argentina. Algunas se manifiestan en los nombres, otras en las escapadas de fin de semana y otras en las recetas típicas que pasan de abuelos a nietos. Esas costumbres construyen nuestra identidad y definen parte de nuestra historia. Con el paso de los años, el encuentro con otras familias las transforma, las adapta y las enriquece, pero difícilmente se pierde por completo la esencia que les dio origen.
Los países también tienen costumbres. En la Argentina, aunque cueste creerlo, una de las más persistentes es la discusión entre unitarios y federales. Una disputa que atraviesa nuestra historia y que, lejos de haber quedado en los libros, continúa presente en la manera en que se distribuyen los recursos, se definen las prioridades y se toman las decisiones que afectan a millones de argentinos.
Lamentablemente, muchos gobiernos encontraron en esa tradición centralista argentina una forma de ejercer el poder, aunque después se presenten como defensores del federalismo.
El federalismo que todavía nos debemos en Argentina
Dentro de este debate conviven distintas voces que no siempre encuentran un lugar claro entre una posición y otra. También aparecen fuerzas políticas que, históricamente, terminaron fortaleciendo a determinados gobiernos, ya sea por sus coincidencias, sus diferencias o por las discusiones que instalaron en la agenda pública. La izquierda, con sus propias luchas y reivindicaciones, muchas veces se convierte en la excusa de gobiernos, principalmente de derecha, para explicar los problemas del país y responsabilizar a otros por las consecuencias de sus decisiones.
El mecanismo es conocido: se construye un adversario, se lo presenta como responsable de los males nacionales y se evita discutir aquello que corresponde a la propia gestión. Así, los gobiernos se acostumbran a no hacerse cargo de las decisiones que toman mientras ejercen el poder. El problema deja de ser la economía, el empleo, la educación o la situación social y pasa a ser siempre el otro. Las miradas reaccionarias y fundamentalistas alimentan ese discurso y, como una gota que cae persistentemente sobre una piedra, terminan erosionando cualquier posibilidad de construir acuerdos alrededor de los problemas reales de la sociedad.
La quinta Marcha Federal Universitaria volvió a poner sobre la mesa una discusión que la Argentina ya la tenía resuelta. Millones de argentinos salieron a la calle para recordarle al Gobierno nacional que su agenda política no puede desconocer una convicción consolidada en nuestra sociedad: la universidad pública es una herramienta de desarrollo que debemos cuidar entre todos.
Sin embargo, la manera de interpretar lo sucedido vuelve a exponer esa vieja costumbre de mirar el país desde el centro. Mientras las movilizaciones en las provincias se desarrollaron mayoritariamente en un clima pacífico, la atención política y mediática puesta sobre los conflictos registrados en la Ciudad de Buenos Aires amenaza con desplazar el sentido más profundo del reclamo. No se trata de negar los hechos que hayan ocurrido, sino de preguntarnos por qué, una vez más, lo sucedido en la Capital parece tener más peso que la expresión de millones de argentinos del interior.
La universidad pública representa mucho más que un espacio de formación académica. En las provincias es una oportunidad concreta para que miles de jóvenes accedan a una profesión, mejoren sus condiciones de vida y construyan un futuro sin tener que abandonar sus ciudades o sus familias. También genera empleo, investigación, actividad económica y desarrollo local. Allí donde las oportunidades laborales y sociales son más limitadas que en los grandes centros urbanos, la universidad cumple una función que ningún indicador económico puede medir por sí solo.
Por eso, asignar recursos a cuentagotas y convertir el financiamiento universitario en una disputa política significa desconocer una parte de la realidad argentina. También supone ignorar que las provincias no pueden desarrollarse si las herramientas que permiten ampliar sus oportunidades quedan subordinadas a las prioridades de quienes gobiernan desde Buenos Aires. Pareciera que el interés nacional se reconoce con mayor facilidad allí donde existen recursos mineros, petróleo o negocios estratégicos, mientras otras necesidades deben esperar.
Gobernar para todos o acostumbrarse a excluir
El problema, entonces, no está en que los argentinos de las provincias se manifiesten ni en que defiendan aquello que consideran importante. El problema aparece cuando el Gobierno nacional elige confrontar antes que escuchar y termina prestando más atención a la disputa política que al reclamo social. Una ciudadanía que se expresa pacíficamente también está ejerciendo su derecho a exigir respuestas. Despreciar esa voz porque no coincide con la agenda oficial es desconocer que el país no termina en la avenida General Paz.
Algo parecido sucede con las personas con discapacidad, que deben insistir en las calles, en las redes sociales y en cada espacio disponible para recordar que sus derechos no pueden quedar relegados. Sus reclamos, atravesados muchas veces por dificultades que condicionan su participación pública, deberían encontrar en el Estado una respuesta concreta y no la obligación permanente de demostrar que sus necesidades existen. Cuando quienes más necesitan una política pública deben luchar para ser escuchados, algo está fallando en la manera de gobernar.
Entonces, cabe preguntarnos: ¿estamos hechos únicamente de costumbres o también nos acostumbramos a definir una agenda política que deja afuera las necesidades del argentino de a pie?
Durante más de dos décadas, con diferencias entre gobiernos y modelos económicos, la Argentina ha mostrado dificultades persistentes para construir acuerdos duraderos y atender demandas que exceden las prioridades de cada administración. El Gobierno actual tampoco escapa a esa responsabilidad. Aunque intente apoyarse en determinados indicadores económicos favorables, esos números no alcanzan para despejar los cuestionamientos sobre la administración de los recursos públicos, las sospechas de corrupción ni el manejo de áreas sensibles del Estado. Ninguna discusión económica debería servir para justificar que los problemas sociales queden para después, como si la angustia de las familias pudiera esperar a que cierren las cuentas.
Las costumbres que nos trajeron hasta aquí no son necesariamente malas. Son parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de las experiencias que compartimos como sociedad. Lo que sí está mal es creer que, porque algo se repitió durante generaciones, debemos seguir haciéndolo de la misma manera. Las políticas de Estado necesitan actualizarse, comprender los cambios de cada época y ofrecer respuestas a quienes hoy no encuentran oportunidades. Excluir a quienes quedan atrás no es una solución económica ni una estrategia política capaz de construir la paz social.
Los argentinos estamos cada vez más preocupados por nuestro presente y, muchas veces, también por un futuro que no conseguimos imaginar con claridad. A esa angustia se suma la dificultad para encontrar alternativas electorales que despierten entusiasmo y ofrezcan una esperanza concreta. Pero la discusión no puede limitarse a quién debe reemplazar a quien gobierna. Cambiar un gobierno, por sí solo, no garantiza que cambien las costumbres que nos trajeron hasta aquí.
La verdadera discusión es otra: qué país queremos construir y qué futuro están dispuestos a ofrecernos quienes gobiernan hoy y quienes aspiran a gobernar mañana. Porque el federalismo no puede ser una palabra que se pronuncia en los discursos mientras las decisiones siguen concentradas en el mismo lugar. Y porque ninguna costumbre, por antigua que sea, debería convertirse en una excusa para resignarnos a una Argentina que ofrece oportunidades para algunos y obliga a los demás a acostumbrarse a esperar.
