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La coherencia entre el pensamiento y la acción
Existe un principio elemental de honestidad intelectual que debería orientar cualquier discusión sobre educación: no se puede sostener un pensamiento en el orden nacional y defender exactamente lo contrario cuando se analiza la realidad provincial.
No resulta razonable reclamar mayor intervención del Estado, mejores salarios docentes, más recursos educativos y mayores responsabilidades presupuestarias en Misiones, mientras se acepta, justifica o simplemente se guarda silencio frente a decisiones nacionales que reducen precisamente los instrumentos necesarios para alcanzar esos objetivos.
Nadie discute el derecho a proponer reformas educativas. Tampoco se cuestiona la necesidad de evaluar resultados, mejorar la administración de los recursos públicos, revisar estructuras o exigir transparencia. Todo ello constituye una obligación permanente de cualquier gobierno.
Lo que merece una explicación es la aplicación selectiva de esos principios. Si se considera indispensable fortalecer la educación mediante una mayor inversión provincial, corresponde explicar por qué ese mismo criterio no debería orientar también las decisiones presupuestarias nacionales. Si se reclama una mejora salarial para los docentes misioneros, también debería analizarse el impacto que produce sobre las provincias la interrupción de determinados aportes nacionales. La coherencia no consiste en exigirles a los demás lo que uno no está dispuesto a sostener cuando tiene la responsabilidad de decidir.
Priorizar las escuelas públicas significa priorizar todo el sistema educativo, no solamente una de sus formas de gestión
Hay una cuestión conceptual, jurídica y pedagógica que debería quedar definitivamente aclarada antes de pretender introducir modificaciones en la educación misionera. En Misiones, el sistema educativo es público. Lo integran instituciones de gestión estatal e instituciones de gestión privada. No son dos sistemas educativos enfrentados, sino distintas formas de gestión que concurren a garantizar un mismo derecho fundamental: el derecho a enseñar y aprender.
Esta distinción no es una interpretación caprichosa. Surge de la propia legislación educativa argentina. La Ley Nacional de Educación Nº 26.206, en su artículo 14, establece que el Sistema Educativo Nacional está integrado por servicios educativos de gestión estatal, privada, cooperativa y social. Es decir, reconoce expresamente la pluralidad de formas de gestión dentro de un sistema educativo común, regulado por el Estado.
En Misiones, la Constitución Provincial y la Ley VI Nº 46 reconocen y garantizan la libertad de enseñanza y establecen un régimen específico para las instituciones de educación pública de gestión privada.
Por lo tanto, cuando alguien sostiene que debe priorizarse la escuela pública, corresponde recordar que priorizar la educación pública es priorizar la totalidad del sistema educativo, y no exclusivamente los establecimientos administrados directamente por el Estado.
La escuela de gestión privada no pierde su función pública por el hecho de que su entidad propietaria sea una asociación civil, una fundación, una cooperativa, una congregación religiosa o una persona particular. Su organización, su conducción, su administración y su régimen jurídico presentan características propias, pero desarrolla una actividad educativa reconocida, reglamentada y supervisada por el Estado.
Los alumnos que concurren a esas instituciones son tan titulares del derecho constitucional a la educación como quienes asisten a escuelas de gestión estatal.
Sus docentes cumplen una función educativa igualmente trascendente y las familias ejercen legítimamente su derecho a elegir el proyecto pedagógico que consideran adecuado para sus hijos.
Esto no implica desconocer las diferencias entre ambas gestiones ni sostener que sus regímenes jurídicos, laborales o financieros sean idénticos. Por el contrario, significa comprender esas diferencias para establecer políticas públicas adecuadas a cada una.
La educación es una responsabilidad pública; la gestión puede ser estatal o privada. Confundir ambos conceptos constituye un error básico que no debería aparecer en una propuesta destinada a reformar el sistema educativo.
Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿cómo se puede pretender modificar una organización que no se conoce suficientemente?
Antes de proponer reformas sería necesario estudiar cómo está constituido el sistema, cuáles son las funciones de sus organismos, qué normas regulan cada modalidad de gestión, cuáles son sus mecanismos de financiamiento, cómo se designa al personal, cómo se supervisan las instituciones y qué resultados educativos se obtienen. No se puede anunciar que es necesario transformar algo cuando todavía no se ha demostrado conocer aquello que se pretende transformar.
Es perfectamente legítimo proponer modificaciones. Lo que no resulta intelectualmente serio es hacerlo desde una comprensión incompleta de su organización.
No se puede reformar responsablemente lo que primero no se ha estudiado. Y mucho menos pretender mejorar todo el sistema educativo si se desconoce que las instituciones de gestión estatal y de gestión privada forman parte de ese mismo sistema.
No se puede reclamar más educación mientras se debilitan sus fuentes de financiamiento
Los hechos presupuestarios merecen ser examinados con especial seriedad. La interrupción de las transferencias del Fondo Nacional de Incentivo Docente significó la desaparición de un instrumento nacional que durante años contribuyó a complementar los ingresos docentes. También corresponde examinar la situación del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente y las condiciones bajo las cuales puede brindar asistencia a las jurisdicciones.
La Ley de Presupuesto Nacional 2026, Nº 27.798, derogó expresamente el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que establecía la garantía de una inversión educativa consolidada no inferior al 6% del Producto Interno Bruto. Asimismo, derogó el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, que contemplaba un fondo específico para fortalecer esa modalidad.
Según estimaciones publicadas por el Centro de Economía Política Argentina, los créditos presupuestarios nacionales para Educación y Cultura correspondientes a 2026 presentan una reducción real del 47,3% respecto de lo ejecutado en 2023. El mismo informe calcula una caída del 76,6% en becas estudiantiles y del 93% en el financiamiento específico de la educación técnico-profesional.
Son estimaciones de una fuente identificable, basadas en una metodología que puede discutirse. Pero sus resultados plantean preguntas concretas que no deberían quedar fuera del debate educativo.
¿Cómo se pretende impulsar una educación vinculada con el trabajo y la producción si se reducen los mecanismos especiales destinados a las escuelas técnicas? ¿Cómo se exige a las provincias que realicen mayores esfuerzos salariales sin estudiar las consecuencias de las decisiones nacionales sobre el financiamiento educativo? ¿Cómo puede hablarse de desarrollo nacional sin garantizar una articulación razonable entre educación, ciencia, investigación y tecnología?
No se trata de desconocer las dificultades fiscales ni de sostener que cualquier aumento presupuestario produce automáticamente una mejora educativa. Se trata de reconocer que la eficiencia en el gasto y el financiamiento suficiente son responsabilidades complementarias, no principios contradictorios.
El debate debe comprender a la educación inicial, primaria, secundaria, técnica y universitaria, así como a la investigación científica y a las políticas de inclusión educativa.
No puede reducirse la educación a un asunto provincial cuando se trata de financiarla y convertirla en una responsabilidad nacional solamente cuando se pretende imponerle nuevas exigencias.
Misiones no necesita que le expliquen cómo comenzar a contar, medir y organizar
En los últimos tiempos han aparecido propuestas que anuncian, con cierta solemnidad, la necesidad de contar, medir, ordenar, liberar y transparentar el sistema educativo misionero.
Los cinco propósitos, considerados aisladamente, son razonables. El problema comienza cuando se presentan como si Misiones careciera de una organización educativa, de estadísticas de matrícula, de evaluaciones de aprendizaje, de instrumentos de control o de normas que garantizan la libertad de enseñanza. Nada de eso es correcto.
Misiones cuenta con organismos específicos de conducción, administración y supervisión educativa. Existen registros institucionales, relevamientos anuales, mecanismos de evaluación, normas de funcionamiento, procedimientos presupuestarios y obligaciones de rendición de cuentas.
La evaluación nacional Aprender, los registros de trayectorias educativas y los instrumentos de planificación constituyen antecedentes que cualquier propuesta de reforma debería estudiar antes de anunciar soluciones.
Naturalmente, estos mecanismos son perfectibles. Es necesario modernizar la información, simplificar trámites, mejorar las evaluaciones y fortalecer el seguimiento de los aprendizajes. Pero existe una diferencia sustancial entre mejorar una organización existente y hablar como si esa organización nunca hubiera existido.
La segunda actitud no demuestra necesariamente voluntad transformadora. Puede revelar, sencillamente, un conocimiento insuficiente de la realidad que se pretende modificar. Y cuando se trata de educación, ese desconocimiento resulta particularmente delicado, porque las decisiones afectan a miles de trabajadores, estudiantes y familias.
La educación pública de gestión privada es parte esencial del sistema misionero
Uno de los aspectos que exige mayor conocimiento y responsabilidad es el tratamiento de la educación pública de gestión privada. En Misiones, este sector no constituye una excepción marginal, un privilegio ni una concesión ocasional del Estado. Es una parte importante de su organización educativa, construida durante décadas mediante el esfuerzo conjunto de instituciones, familias, docentes y autoridades públicas.
Su legitimidad no depende de una opinión circunstancial. Los artículos 40 y 41 de la Constitución Provincial reconocen la libertad de enseñar y aprender, el derecho de las familias a elegir la escuela conforme a su ideal educativo y la posibilidad de que personas y entidades funden y mantengan establecimientos de enseñanza.
La Ley Nacional de Educación Nº 26.206, especialmente sus artículos 62 a 65, establece derechos, obligaciones, mecanismos de supervisión y criterios para los aportes estatales a instituciones privadas.
En el orden provincial, la Ley VI Nº 46 constituye el fundamento específico del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones, responsable de asistir, reglamentar, supervisar y controlar este sector educativo.
Estamos, por lo tanto, ante un modelo constitucional, legal e institucionalmente reconocido, que combina la responsabilidad indelegable del Estado con la iniciativa de organizaciones sociales, asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, comunidades religiosas y particulares.
Cuestionarlo globalmente sin estudiar sus fundamentos jurídicos, sus resultados, su organización y su aporte a la sociedad es desconocer una dimensión fundamental de la educación provincial.
Un sistema con arraigo, crecimiento y un importante aporte económico
La importancia de la educación pública de gestión privada no se limita a su reconocimiento jurídico. También se manifiesta en su arraigo territorial, su continuidad institucional, la diversidad de sus propuestas y el crecimiento de su matrícula.
Los datos difundidos por el SPEPM muestran que el sector pasó de 99.747 estudiantes en 2019 a aproximadamente 135.000 durante 2026, considerando los niveles obligatorios. Este crecimiento representa una realidad que merece ser estudiada. Demuestra una demanda sostenida y una capacidad de respuesta institucional que no pueden ignorarse.
En Misiones funcionan instituciones confesionales y no confesionales, escuelas comunitarias, cooperativas, establecimientos rurales y Escuelas de la Familia Agrícola, cuya pedagogía de la alternancia constituye una experiencia especialmente valiosa de integración entre educación, trabajo, familia y territorio.
Y existe otro aspecto que no puede omitirse: el económico. En numerosos establecimientos, los aportes estatales se destinan fundamentalmente al sostenimiento de los salarios docentes, mientras que las entidades propietarias y las comunidades educativas asumen, en distintas proporciones, gastos de infraestructura, mantenimiento, equipamiento, administración y funcionamiento institucional.
Esta distribución de responsabilidades permite que una parte de los costos del servicio educativo sea afrontada por actores distintos del Estado, con la posibilidad de reducir el gasto fiscal directo por alumno.
La comparación exacta con las instituciones de gestión estatal requiere información presupuestaria homogénea y verificable; no sería serio proclamar porcentajes de ahorro sin realizar ese estudio. Pero tampoco sería serio ignorar que el aporte económico, patrimonial y organizativo de las entidades educativas privadas constituye un componente real del funcionamiento del sistema.
Cuando el Estado contribuye al sostenimiento de una escuela de gestión privada no está necesariamente financiando un privilegio: está participando en la prestación de un servicio público educativo que también constituye una obligación del propio Estado garantizar.
La eficiencia de este modelo merece ser estudiada con números, no desacreditada mediante generalizaciones. Y su funcionamiento, como el de cualquier institución educativa, debe permanecer sujeto a evaluación, supervisión, transparencia y mejora continua.
La libertad de enseñanza no significa abandonar a las instituciones
Otro error frecuente consiste en suponer que defender la libertad educativa equivale a reclamar el retiro del Estado. La experiencia misionera demuestra que ambas dimensiones pueden complementarse.
Una escuela necesita libertad para desarrollar su proyecto institucional, promover sus valores, organizar su actividad pedagógica y responder a las necesidades de su comunidad. Pero también necesita reglas claras, supervisión razonable, continuidad institucional, docentes debidamente remunerados y condiciones económicas que permitan brindar una educación de calidad.
La libertad de enseñanza no elimina las responsabilidades públicas. Tampoco convierte a las instituciones privadas en dependencias de la administración estatal. Se trata de competencias diferentes que deben articularse.
La historia educativa argentina, particularmente las experiencias vinculadas con el pensamiento desarrollista, demuestra que la iniciativa social, la inversión pública y la planificación estratégica pueden contribuir conjuntamente a ampliar las oportunidades educativas.
Es una visión que sigue siendo especialmente importante para Misiones, donde las diferencias geográficas, sociales, productivas y culturales obligan a pensar la educación desde la realidad provincial.
No alcanza con consignas: hay que conocer, estudiar y proponer
La educación no mejora por la cantidad de proyectos anunciados ni por la intensidad de las declaraciones públicas. Mejora cuando existe un diagnóstico correcto, cuando se identifican las causas de los problemas y cuando las soluciones propuestas resultan jurídica, pedagógica y económicamente viables.
No basta con decir que deben medirse los aprendizajes. Hay que conocer qué se evalúa actualmente, qué resultados se obtienen y cómo se utilizan. No alcanza con reclamar transparencia. Hay que estudiar los procedimientos de rendición, las competencias de los organismos de control y las mejoras que efectivamente podrían introducirse.
No es suficiente hablar de libertad educativa. Hay que conocer los derechos constitucionales de las familias y las instituciones, las atribuciones de las entidades propietarias y la legislación laboral que protege a los docentes.
Y tampoco alcanza con reclamar mayores salarios provinciales sin analizar simultáneamente las fuentes nacionales de financiamiento, las obligaciones presupuestarias y las consecuencias de las decisiones que se toman en otros ámbitos del Estado. La discusión educativa exige conocimientos, responsabilidad intelectual y una mínima disciplina argumentativa.
No se debería hablar simplemente para evitar el silencio. En ocasiones, estudiar antes de opinar es una contribución mucho más valiosa que multiplicar declaraciones sobre una realidad que todavía no se comprende suficientemente. La crítica fundamentada enriquece la vida democrática. La crítica desconectada de los hechos solamente aumenta la confusión.
Defender la educación de Misiones es defender su futuro
Misiones necesita mejorar los aprendizajes, fortalecer la alfabetización, recuperar la exigencia académica, desarrollar el pensamiento matemático y científico, mejorar la formación docente y vincular la educación con el trabajo y la producción.
También necesita preservar su identidad cultural, transmitir su historia, defender el idioma, fortalecer los valores de convivencia y preparar ciudadanos libres, responsables y capaces de pensar por sí mismos. Nada de ello se consigue contraponiendo artificialmente educación de gestión estatal y educación de gestión privada.
Ambas forman parte del sistema educativo argentino. Ambas cumplen funciones sociales esenciales. Ambas necesitan una conducción responsable, evaluación permanente y condiciones de funcionamiento adecuadas.
La educación de Misiones tiene problemas, sin duda. Pero también posee una historia institucional, una legislación propia, experiencias pedagógicas valiosas y miles de trabajadores comprometidos con la formación de las nuevas generaciones. No corresponde idealizarla, pero tampoco desconocerla.
Quienes verdaderamente desean transformarla deberían comenzar por conocerla. Y quienes reclaman mayor compromiso del Estado provincial deberían estar igualmente dispuestos a defender, con idéntica convicción, las responsabilidades que corresponden al Estado nacional.
Porque los principios no deberían cambiar según quién administra los recursos o quién ejerce el control. La coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace es una de las primeras lecciones de una educación fundada en la verdad, la responsabilidad y el respeto. Quizás por allí debería comenzar cualquier propuesta seria de transformación educativa.
Misiones necesita más conocimiento, más responsabilidad y mejores propuestas. No necesita que se pretenda reinventar, desde el desconocimiento, lo que generaciones de misioneros construyeron con esfuerzo, trabajo y compromiso. Y, sobre todo, necesita recordar dos enseñanzas elementales:
Para mejorar la educación, hay que aprender a conocerla. Y para defender la educación pública, hay que comprender que el sistema educativo es uno solo, aunque sus instituciones tengan diferentes formas de gestión.
