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La Justicia Federal de Río Grande ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas.
La decisión fue tomada por la jueza federal Mariel Borruto, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por un excombatiente de la guerra de Malvinas, en el marco de las denuncias impulsadas por el Gobierno de Javier Milei contra las empresas que operan en la zona.
La resolución alcanza a las perforaciones, las instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial vinculados con el proyecto.
Como parte de la medida cautelar, también se planteó impedir determinados actos financieros destinados a posibilitar la ejecución del emprendimiento y comunicar la existencia del proceso a autoridades regulatorias y mercados de valores.
Además, las empresas deberán individualizar las entidades financieras, aseguradoras y otros sujetos vinculados con el financiamiento del proyecto.
La jueza aclaró que la resolución “reviste naturaleza cautelar y, por consiguiente, no importa pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas ni sobre la totalidad de las cuestiones que integran el objeto de la acción principal”.
Qué información deberán presentar las empresas
Entre las exigencias establecidas en el marco de la causa, las compañías deberán detallar la estructura societaria utilizada para el proyecto.
También tendrán que precisar las entidades financieras y fondos que participaron de su financiamiento, los desembolsos realizados, comprometidos o pendientes, además de las aseguradoras y reaseguradoras relacionadas con el emprendimiento.
La documentación requerida incluye los estudios ambientales, análisis de riesgo, modelizaciones de derrames y planes de contingencia.
Asimismo, deberán especificar las obras e instalaciones terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas para apoyar el proyecto, junto con cualquier ampliación o incorporación de pozos vinculada con el emprendimiento.
La medida también contempla el pedido de que “se prohíba a las demandadas celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, efectuar pagos y transferencias, realizar aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas, constituir garantías, afectar activos y realizar otros actos financieros destinados al proyecto”.
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Pedido de información a la Cancillería
La jueza Borruto también solicitó información a la Cancillería. El organismo tendrá un plazo de 10 días para informar si las compañías pesqueras que forman parte del proyecto cuentan o contaron con “habilitación, permiso, autorización o consentimiento de autoridad competente de la República Argentina” para desarrollar actividades de exploración, explotación o cualquier otra actividad hidrocarburífera en las Islas Malvinas y/o en los espacios marítimos circundantes que integran la Plataforma Continental Argentina.
Por otra parte, la magistrada requirió información a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El organismo deberá indicar si existe en sus registros algún aviso del proyecto presentado o procedimiento de análisis de impacto ambiental iniciado respecto de Sea Lion y sus posibles ampliaciones por parte de alguna de las pesqueras o firmas relacionadas.
También deberá informar si se dictó una declaración de impacto ambiental, certificado de aptitud ambiental o acto administrativo equivalente.
En caso de que no exista, deberá comunicar al juzgado el eventual inicio de ese procedimiento si ocurriera con posterioridad.
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