//
En medio de la prolongada crisis del transporte público en la ciudad de Eldorado, la Justicia ordenó al municipio entregar información clave sobre los acuerdos económicos y contractuales firmados con las empresas prestatarias del servicio. La resolución surge a partir de una presentación impulsada por un grupo de vecinos que recurrió a la vía judicial ante la falta de respuestas oficiales.
El abogado José Luis “Cachorro” Fuentes, uno de los impulsores de la acción judicial, explicó en una entrevista con Radio Up que el fallo constituye un paso importante en la búsqueda de transparencia y acceso a la información pública sobre un servicio esencial para miles de usuarios.
Según relató, el reclamo comenzó luego de que el sistema de transporte urbano atravesara un momento crítico, cuando la empresa interrumpió completamente la prestación del servicio, dejando a numerosos vecinos sin colectivos y generando una situación que describió como “caótica”.
El origen del conflicto: paro del servicio y millonario acuerdo
Fuentes recordó que el punto de partida del reclamo se produjo tras la paralización total del servicio de transporte, un hecho que calificó como extremo para una empresa concesionaria de un servicio público.
“Fue un acto extremo por parte de un prestador de servicio público. No puede pasar que el ciudadano quede a merced de una empresa”, sostuvo el abogado durante la entrevista radial.
Sin embargo, la situación se volvió aún más controversial cuando, al día siguiente del paro, el municipio informó que había alcanzado un acuerdo con la empresa por 1.400 millones de pesos, cifra que además incluía la condonación de tasas municipales, entre ellas las relacionadas con higiene y otros tributos.
De acuerdo con Fuentes, al sumar estos beneficios económicos el monto total podría superar ampliamente el millón de dólares al tipo de cambio de ese momento.
“El municipio, en lugar de sancionar a la empresa por haber interrumpido el servicio, terminó premiándola con más de un millón de dólares”, afirmó.
El pedido de información pública y la negativa inicial
Frente a ese escenario, el equipo jurídico integrado por Fuentes y la abogada Mercedes Galeano, junto a integrantes del espacio Argentina Humana, decidió presentar un pedido formal de información amparado en la Ley de Acceso a la Información Pública, que también se encuentra vigente a nivel municipal mediante ordenanza.
Entre los datos solicitados se encontraban los fundamentos técnicos y económicos que llevaron a fijar el monto del acuerdo con la empresa, la existencia de intercambios formales entre el municipio y las prestatarias, eventuales multas o sanciones aplicadas por el paro del servicio, los detalles sobre la contratación de colectivos alternativos por parte del municipio durante la crisis, los costos que esas medidas implicaron para las arcas públicas.
Sin embargo, según explicó Fuentes, la respuesta oficial fue parcial. El municipio reconoció el derecho al acceso a la información, pero no entregó los datos solicitados, limitándose a enviar algunas ordenanzas sin mayor contenido explicativo.
Ante esa situación, los vecinos decidieron avanzar con una acción judicial.
La sentencia judicial y el plazo de diez días
Tras un proceso que incluyó distintas instancias judiciales, el fallo finalmente resultó favorable para los demandantes.
“El viernes nos notificaron que tenemos una sentencia favorable. El juez intimó al municipio de Eldorado a entregar toda la información solicitada en un plazo de diez días”, explicó Fuentes.
El abogado subrayó que la decisión judicial se apoya en principios constitucionales y en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que la información pública pertenece a los ciudadanos y no a los funcionarios.
“La información es del ciudadano. El funcionario no puede decidir a su antojo si la entrega o no, salvo que sea reservada, lo que claramente no ocurre en este caso”, remarcó.
Nuevos cuestionamientos al sistema de transporte
El reclamo por la transparencia del sistema se produce en paralelo con otras medidas que generaron debate en la ciudad.
Fuentes mencionó, por ejemplo, una ordenanza municipal que restringió el acceso gratuito al transporte público para personas con discapacidad que no sean residentes de Eldorado, medida que —según afirmó— podría contradecir la Ley Nacional de Discapacidad y el reconocimiento del Certificado Único de Discapacidad.
A esto se suma el reciente aumento del 66% en la tarifa del boleto, aplicado el 12 de febrero, que impactó directamente en los usuarios.
“Hoy vemos que la empresa fue beneficiada por todo un paquete de decisiones municipales”, sostuvo.
Una concesión por hasta 22 años
Otro de los puntos que genera preocupación entre los impulsores del reclamo es la renovación de la concesión del servicio de transporte por 15 años, con la posibilidad de extenderla por un período adicional.
En términos prácticos, esto podría implicar hasta 22 años de explotación del servicio por parte de la misma empresa.
Para Fuentes, la principal inquietud radica en que el contrato de concesión aún no es público, pese a que ya fue aprobado.
“El municipio habla de transparencia, pero ni siquiera conocemos el nuevo contrato. Un juez tiene que decirle que entregue información para que eso suceda”, cuestionó.
Un servicio cuestionado por los usuarios
Más allá del debate institucional, el abogado señaló que la principal preocupación proviene del estado del servicio de transporte urbano, que muchos vecinos consideran insuficiente.
Según indicó, existen reclamos frecuentes por largos tiempos de espera, reducción de frecuencias y ausencia de colectivos en determinados barrios, especialmente durante fines de semana o en horarios nocturnos.
“El servicio es absolutamente deficitario. Hay barrios donde los vecinos dicen que después de cierta hora directamente no circulan colectivos”, afirmó.
Millones en juego dentro del presupuesto municipal
El monto del acuerdo económico también se convirtió en uno de los ejes centrales del debate público.
De acuerdo con los cálculos expuestos por Fuentes, al sumar subsidios, condonaciones de tasas y cláusulas de actualización vinculadas al precio del combustible, el gasto podría superar ampliamente los 1.500 millones de pesos.
Esa cifra representaría más del 5% del presupuesto municipal anual, según estimaciones mencionadas durante la entrevista.
Para dimensionar el impacto, el abogado comparó ese monto con una de las obras públicas más promocionadas por el municipio.
“La obra más importante anunciada para este año ronda los 1.300 millones de pesos. Es decir, menos de lo que se pagó a la empresa de transporte”, señaló.
Un debate abierto sobre el control del servicio
El caso pone nuevamente en discusión el rol del Estado municipal como órgano de control de los servicios públicos.
Fuentes sostuvo que la iniciativa judicial no busca confrontar políticamente sino garantizar transparencia y verificar el cumplimiento del contrato.
“Queremos saber si las empresas cumplen o no cumplen. Y si hay contratos, que se hagan cumplir”, afirmó.
En ese sentido, anticipó que una vez obtenida la información solicitada también se analizará el nuevo contrato de concesión, con el objetivo de evaluar sus condiciones y monitorear su ejecución.
Un reclamo ciudadano por mayor transparencia
Mientras la Justicia fijó el plazo de diez días para que el municipio entregue la documentación requerida, el caso se consolida como un ejemplo del uso de herramientas legales para exigir acceso a la información pública y control ciudadano.
Para los vecinos que impulsaron la acción, la prioridad es que el debate sobre el transporte público se base en datos concretos y no en especulaciones.
“Queremos que todo lo que hoy son sospechas o comentarios se convierta en información objetiva. Que sepamos cuánto cuesta el servicio y cómo se administra”, concluyó Fuentes.
Marcha por el 8M en Posadas: “Queremos defender los derechos que nos están quitando”https://t.co/HZEBth4L8z pic.twitter.com/OK0XGEwVEV
— Radio Up 95.5 (@radioup955) March 9, 2026
