El juez Martín Cormick hizo lugar a un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires. Ordenó al Gobierno cumplir de manera inmediata con la ley y avanzar con la recomposición salarial de docentes y no docentes.
La Justicia Federal declaró inconstitucional el decreto del Gobierno que había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con su cumplimiento.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo del juez Martín Cormick, quien hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre otras instituciones.
El fallo dejó sin efecto el Decreto 759/2025 y ordenó al Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario”, incluyendo el dictado de las normas reglamentarias y las medidas necesarias para su ejecución.
El conflicto por el financiamiento universitario
La Ley de Financiamiento Universitario había sido aprobada por el Congreso, pero el Gobierno intentó impedir su implementación inicialmente mediante un veto presidencial. Luego de que el Congreso rechazara el veto y ratificara la normativa, el Ejecutivo dictó un decreto que condicionaba su aplicación a la determinación de fuentes específicas de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al presupuesto general.
Frente a esa situación, el CIN, la UBA y otras universidades recurrieron a la Justicia mediante un amparo colectivo para reclamar la aplicación de los principales puntos de la ley.
Entre las medidas reclamadas se encuentran el otorgamiento de partidas presupuestarias para el funcionamiento de las universidades y la recomposición de los salarios de docentes y trabajadores no docentes.
En su resolución, Cormick consideró que el decreto cuestionado “no supera un test mínimo de razonabilidad”, debido a que permitía suspender la aplicación de una ley que había sido ratificada por el Congreso con las mayorías requeridas.
El magistrado sostuvo además que, ante la imposibilidad constitucional de emitir un nuevo veto luego de la insistencia legislativa, el decreto terminó funcionando como un “mecanismo extraconstitucional” y configuró, según su interpretación, una instancia de veto que no está contemplada por la Constitución Nacional.
El fallo también defendió la posibilidad de que la Justicia intervenga sobre decisiones estatales con impacto presupuestario. En ese sentido, Cormick señaló que el control judicial de este tipo de medidas forma parte de la justiciabilidad de los actos del Estado y no constituye una intervención extraordinaria.
Cormick señaló que durante 2024 y 2025 no hubo una Ley de Presupuesto aprobada, por lo que se prorrogaron las partidas correspondientes al presupuesto de 2023.
Además, citó estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) según las cuales el impacto fiscal de la Ley de Financiamiento Universitario durante 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.
Con la resolución judicial, el Poder Ejecutivo deberá avanzar con las medidas necesarias para implementar la Ley de Financiamiento Universitario, mientras que la decisión abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y las universidades por el presupuesto y los salarios del sistema universitario.



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