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La Argentina enfrentará una de las condenas más grandes de su historia, luego de que la jueza de Nueva York, Loretta Preska, ordenara al Estado entregar el 51% de las acciones de YPF al fondo buitre Burford Capital, como parte de un fallo que obliga al país a pagar US$ 16.100 millones más intereses.
Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei anunció que apelará la sentencia, lo que le permitirá evitar el pago inmediato y postergar la entrega de acciones hasta que la Cámara de Apelaciones de EE.UU. se expida, algo que podría demorar hasta 2026 o 2027.
El Presidente confirmó la decisión a través de un mensaje en X (ex Twitter), donde apuntó directamente contra Axel Kicillof, exministro de Economía durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, a quien responsabilizó por el conflicto judicial internacional:
“Independientemente de la cuestión de fondo, es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof”, escribió. Y agregó: “Vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”.
Horas después, Preska también dictaminó que el Estado deberá transferir acciones al Bainbridge Fund, que obtuvo una sentencia favorable por US$ 95 millones vinculada a la deuda defaulteada en 2001.
UN FALLO CONTRA KICILLOF
Nos acabamos de enterar que la jueza Preska falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF.
Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético de…
— Javier Milei (@JMilei) June 30, 2025
Juicio por YPF: la pelea judicial y el trasfondo político
La condena cayó como un baldazo de agua fría sobre el oficialismo, a tres meses de las elecciones legislativas, y alimentó la interna política entre Milei y Kicillof, hoy su principal rival en la provincia de Buenos Aires.
No obstante, desde 2012 —cuando se expropió la petrolera— todos los gobiernos mantuvieron una línea jurídica común, defendiendo que:
- La expropiación fue una decisión soberana y debe juzgarse en Argentina.
- La Constitución Nacional prevalece sobre el estatuto de YPF.
- YPF funciona como una Sociedad Anónima, aunque el Estado sea el accionista mayoritario.
- La sede legal de YPF está en Buenos Aires, no en Nueva York.
Sebastián Soler, exsubprocurador del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández, recordó que la jueza Preska debería suspender los efectos de su orden mientras se tramite la apelación, y que incluso el Departamento de Justicia de EE.UU. había apoyado los argumentos argentinos. Además, señaló que la ley 26.741 prohíbe al Gobierno transferir las acciones sin la aprobación del Congreso.
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Burford Capital y el origen del conflicto
El juicio comenzó en 2015, cuando Burford Capital compró por US$ 15 millones los derechos de litigio del Grupo Petersen, que había ingresado en YPF en 2008 y 2011 con financiamiento de bancos como Credit Suisse, Goldman Sachs y Citibank. El modelo era simple: pagar los préstamos con dividendos de la petrolera. Pero cuando el Gobierno prohibió la distribución de utilidades y luego estatizó YPF, las firmas del Grupo Petersen quebraron.
La justicia española subastó los derechos del litigio, que fueron adquiridos por Burford. En paralelo, la Argentina ya había llegado a un acuerdo con Repsol, accionista mayoritario previo a la estatización, y le pagó US$ 5.000 millones en bonos en 2014.
Ahora, la presión recae sobre el Estado argentino, que fue condenado por no haber hecho una oferta pública a los accionistas minoritarios al momento de la expropiación.
¿Qué puede pasar ahora?
Según el fallo más reciente, Argentina tiene 14 días para depositar el 51% de las acciones de YPF en una cuenta custodia del Bank of New York Mellon. Sin embargo, el Gobierno se niega a cumplir esa orden, y apuesta a que la apelación frene los efectos de la sentencia.
En paralelo, Burford Capital ha enviado emisarios a Buenos Aires para negociar un posible acuerdo, y asegura estar dispuesto a resignar varios miles de millones si se llega a una solución extrajudicial. Pero los funcionarios argentinos podrían enfrentar juicios penales si aceptaran un pago anticipado sin aval judicial.
Por ahora, YPF S.A. permanece excluida del proceso, aunque el temor a una futura sanción por parte de Preska persiste. Mientras tanto, el valor bursátil de la empresa cayó 5,6% en Wall Street, acumulando una pérdida de US$ 5.400 millones en capitalización en lo que va del año.
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Una causa que aún puede cambiar de rumbo
El juicio por la expropiación de YPF representa el mayor fallo contra un Estado en la historia del sistema judicial estadounidense, y aunque la Argentina aún tiene vías legales abiertas, el impacto político, económico y reputacional ya está en marcha.
Con el escenario electoral en el horizonte, el fallo reavivó viejas disputas internas y marcó un nuevo capítulo en la larga saga de la petrolera que, a más de una década de su estatización, sigue siendo un punto de fractura en la política argentina.
⛽ Desde este martes 1° de julio, YPF sube 3,5% los precios de nafta y gasoil en todo el país.️ https://t.co/x5JlXi8t9O
— RadioUp (@radioup955) June 30, 2025
