El Tribunal Oral Federal dictó este lunes sentencia en un juicio a hombres de diferentes fuerzas de seguridad. El Tribunal Oral Federal, conformado por Fermín Ceroleni, Juan Iglesias y Eduardo Belforte, condenó al capitán del Ejército Juan Carlos De Marchi y al coronel Horacio Losito a 25 años de prisión.
Además, el comandante principal de gendarmería Raúl Reynoso, recibió la pena de 18 años; el general de brigada del ejército Eduardo Antonio Cardoso, 15; el coronel del ejército Abelardo De la Vega, 12; el coronel Raúl Harsich, 8 y el sargento ayudante de Gendarmería Pedro Armando Alarcón, 4.
Entre tanto, fueron absueltos el teniente coronel del ejército Alfredo Farmache y el comandante principal de Gendarmería Abelardo Palma.
En relación a este tema, el fiscal federal de Resistencia Diego Vigay en diálogo con “Primera Vuelta” por Radio Up 95.5 expresó que fueron juzgados por “los delitos que tienen que ver con privación ilegítima a la libertad, también el delito de tormentos agravado por ser infligidos a un detenido político. En términos generales estamos muy conformes con la sentencia. El 90% de los casos por los cuales se pidió condena, estamos hablando de las víctimas, tuvieron esa respuesta”, aseguró.
La Fiscalía Federal estuvo representada por Flavio Ferrini y los adjuntos Diego Vigay y Juan Pedro Resoagli, mientras que la querella por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Se pudo reconstruir que en la jefatura de policía, en pleno centro de la ciudad de Corrientes, funcionaba una celda para detenidos políticos que estaba bajo el área militar, y estaban detenidos de forma clandestina en ese lugar, se torturaba también en la jefatura, también se pudo reconstruir otros lugares en los que estuvieron detenidos por razones políticas como el escuadrón de gendarmería, la sede de la Policía Federal. Estamos conformes con toda esa reconstrucción que se pudo hacer y que de alguna manera la sentencia lo confirma, la condena es abarcativa prácticamente de casi todos los casos”, dijo Vigay.
El juicio abarcó los crímenes cometidos en jurisdicción de la Brigada de Infantería VII, que tenía su sede en la ciudad de Corrientes y tenía responsabilidad sobre las provincias del noreste argentino, Chaco, Formosa, Misiones y parte de Corrientes. En la región funcionaron varios centros clandestinos de detención, uno de los más importantes estuvo en el Regimiento de Infantería 9 (RI 9) de Corrientes, dependencia militar que llevó adelante la represión en la provincia.
Este es el décimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en la provincia y el de mayor cantidad de víctimas y de acusados. Por las demoras judiciales, pasaron casi cuatro años entre la elevación a juicio y el inicio del debate, lo que provocó que dos imputados fallecieran y otros 3 fueran apartados del proceso por problemas de salud, uno de ellos, José Emilio Mechulán, ya comenzado el debate.
(Fuente: El Litoral)
