El Gobierno argentino solicitó formalmente a la Justicia de Estados Unidos la suspensión del fallo que obliga a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos de inversión que demandaron al país por la expropiación de la empresa en 2012. La medida fue dirigida a la jueza federal de Nueva York Loretta Preska, quien el lunes ordenó ejecutar la sentencia contra la Argentina.
En una carta enviada a la magistrada, la administración del presidente Javier Milei anticipó además que apelará la decisión en los próximos días y remarcó que “conceder la suspensión es crucial”, haciendo referencia al impacto que podría tener el fallo en la soberanía energética del país.

Según indicó Sebastián Maril, director de Latam Advisors y especialista en litigios internacionales contra el Estado argentino, la presentación señala que si no se otorga la suspensión, la Argentina recurrirá a un tribunal superior para intentar revertir la medida.
“El Gobierno estadounidense ha apoyado la postura argentina y es crítico respecto a que se avance con la ejecución del fallo”, precisó Maril al divulgar detalles de la presentación judicial.
El litigio, que se inició hace varios años, concluyó en primera instancia con una sentencia que obliga al Estado argentino a pagar unos 16.000 millones de dólares. El monto surge del reclamo de los fondos Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos de litigio de la empresa Petersen Energía, exaccionista de YPF, tras la estatización.
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YPF: El gobierno apelará el fallo
Desde la Casa Rosada señalaron que la sentencia “es de cumplimiento imposible” y que no se avanzará en ninguna negociación con los fondos acreedores hasta que no haya una resolución definitiva. La estrategia, según fuentes oficiales, es disputar el monto final de la indemnización y buscar reducirlo argumentando razones legales de peso.
Además, la Procuración del Tesoro podría solicitar directamente a la Corte de Apelaciones la suspensión de la orden judicial, en una segunda instancia del proceso.
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