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En un hecho del que hay muy pocos antecedentes en el país, la jueza Correccional y de Menores Nº1 Marcela Leiva (hermana de la ministra del Superior Tribunal de Justicia Cristina Leiva), llevó a juicio oral a dos directivos de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) A de Misiones, imputados por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte por tierra en concurso ideal”.
La magistrada ya fijó fecha para el debate oral, que se hará en Posadas, desde el 25 de octubre próximo a las 8 horas, para lo cual ya fueron citados Mónica Gurina y Leandro Sánchez (secretaria General y Adjunto respectivamente de la organización sindical); la fiscal María Laura Álvarez y el abogado defensor Eduardo Paredes por la defensa (el mismo que asistió recientemente en el juicio oral al condenado Sebastián Kiczka).
En cuanto a los testigos que fueron citados, figuran muchos de los dirigentes gremiales que formaron parte de las protestas del año pasado, que incluyeron el acampe en la avenida Uruguay que duró 23 días, sostenido por efectivos de la Policía y el Servicio Penitenciario que también aguardan el juicio oral.
Por este debate pasarán Gustavo Adolfo Cardozo; Maria Alejandra Pelegrini; Mariela Alejandra Acosta; Pedro Alfredo Martinez; Mariela Elizabeth Encina; Javier Viera Núñez; Maximiliano Gómez; Silvio Ramón Morinigo; Marcelo Aníbal Barros, Carlos Enrique Lezcano; Estela Mari Genesini (titular de la UDNAM); Mirian Duarte y el diputado provincial del PAYS, Cristian Gabriel Castro.
Gurina y Sánchez también figuran como imputados en otra causa, por los daños al edificio de la Legislatura provincial en el marco de una marcha realizada el 23 de mayo del año pasado que culminó con incidentes y enfrentamiento de manifestantes con la Policía de Misiones.
Esa larga protesta, donde los voceros fueron los ex suboficiales retirados Ramón Amarilla y Germán Palavecino, siendo una de las peores crisis que enfrentó el Gobierno renovador en dos décadas de mandato y la más dura a inicios del segundo mandato de Hugo Passalacqua.
La CTA A Misiones y diversas organizaciones expresaron su “rechazo a la decisión del gobierno provincial de judicializar la protesta salarial“, por la que en 2024 también fueron imputados 12 trabajadores de salud que reclamaban recomposición de sus haberes.
