Hace algunas semanas abordé el tema relacionado con lo que estaba sucediendo en Rosario, situación que se profundizó con el correr de los días y que llevó al gobierno nacional a una fuerte política de intervención en materia de seguridad a través de las fuerzas federales.
Días atrás, uno de los lamentables hechos en medio de esta ola de violencia incluyó el asesinato de un playero de una estación de servicio; aunque se detuvo al presunto culpable del crimen que al fin y al cabo resulta ser menor de edad, un joven de apenas 15 años de edad.
Esta situación llevó a que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich enviara al Congreso un proyecto de ley de modificación a la ley penal y al régimen penal de minoridad, donde propone que los menores que “cometan delitos de adultos, sean juzgados con penas de adultos”, en palabras de la ministra.
En nuestro país en lo que respecta al régimen de menores -entendiéndose por tales al menor que no ha cumplido los dieciséis (16) años, como así también el menor de dieciocho (18) años respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación- aún se encuentra vigente la Ley nacional n° 22.278 del gobierno de facto de 1980, con sus diversas modificaciones.
Según estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo que respecta al año 2023, se relevó durante el primer semestre del año un aumento del 21% de la participación de menores de edad en hechos delictivos con respecto al mismo periodo del año anterior. En ese mismo relevamiento también se constataron 60 medidas privativas de la libertad y se evidenció que un 84% de todos los delitos juveniles registrados fueron contra la propiedad privada.
Los datos se desprenden de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD), que recabó las estadísticas de la Justicia Nacional de Menores entre el 1° de enero y el 30 de junio de este año. En la Justicia Nacional de Menores se registró un incremento del 21% de la incidencia de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) en delitos penales respecto al mismo periodo del 2022. En números, implicó la apertura de 1109 causas penales -19,5% más que el año pasado- lo que conllevó que 986 menores de edad tuvieran un expediente iniciado durante el primer semestre.
La imposición de la pena en el caso de los menores como bien sabemos, se efectivizan en establecimientos destinados a tal efecto, por lo que la aplicación de la pena queda en manos del Patronato de Menores quien evalúa el cumplimiento de la progresividad de la pena y quien finalmente determina la posibilidad del menor de reinsertarse en la sociedad.
Lo que en la gran mayoría de los casos sucede es que ese menor que incurrió en un obrar delictivo, seguramente reincidirá, posiblemente en un delito similar o escalará ya con algún delito contra las personas, siendo penado con penas de adultos como se dice equivocadamente (las penas son una sola, la aplicación en base a los criterios de imputabilidad es lo que las gradúa) por lo cual el sistema juvenil termina fracasando.
En la Argentina ni siquiera existen datos oficiales relacionados a la reincidencia de delitos. Según un estudio publicado por la Universidad Tres de Febrero, de acuerdo con encuestas carcelarias realizadas en el año 2019, de cada 10 personas privadas de su libertad, 4 ya habían sido encarceladas previamente.
Esto nos demuestra que el sistema penal tiene falla por todos lados. Las cárceles hace mucho tiempo han dejado de cumplir el artículo 18 de la Constitución Nacional, dejando de ser lugares seguros y mucho menos limpios, convirtiéndose en verdaderos infiernos y fábricas de delincuentes que actualmente gracias a la tecnología operan desde adentro.
Es imperante una verdadera reforma, que se efectúe de manera global, integral y abarcativa de no solamente los delitos de adultos y menores, sino también de aquellos que requieren un tratamiento especial, como en el caso de los inimputables o de los delitos cometidos bajo regímenes especiales como arrepentidos o involucrados en causas de narcotráfico.
Casi sin preguntarlo puedo asegurar que 9 de cada 10 Argentinos apoyarían esta idea. La pregunta siempre termina siendo: ¿es una verdadera prioridad para los gobiernos impulsar una política de Estado como esta? Y particularmente ¿estamos dispuestos a asumir los costos políticos y económicos de combatir realmente el crimen? Siempre pareciera que ambas preguntas se contestan por la negativa.
