El presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Rodrigo Correa, consiguió finalmente este viernes los votos necesarios para avanzar con dos de las designaciones que habían generado una fuerte disputa dentro del organismo: Rosana Biale para la Gerencia General y Sebastián Prato para Auditoría Interna.
La votación dejó además una fotografía política de las alianzas internas del Instituto en medio de la crisis que atraviesa la producción yerbatera. La mayoría quedó conformada por Rodrigo Correa; Carmelo Rojas, representante de UATRE; Marisol Fracalossi, por la Producción; Gustavo Bareiro y Gerardo López, por la Industria; Luis Konopacki, por Secaderos; y Mariel Gabur, representante de la provincia de Corrientes.
Fueron siete votos que permitieron destrabar los nombramientos que hasta ahora no habían logrado reunir los respaldos necesarios dentro del Directorio.

El voto de Fracalossi llegó un día después del pedido de renuncia
La definición adquiere especial relevancia por la posición asumida por Marisol Fracalossi, una de las tres representantes titulares de la Producción en el Directorio. Apenas un día antes de la reunión, ocho organizaciones de productores yerbateros habían solicitado formalmente su renuncia y reclamado que no acompañara la designación de Biale.
Las entidades habían cuestionado que Fracalossi no asumiera como propio el mandato expresado por la mayoría de las asociaciones productivas que rechazaban el nombramiento. El documento fue acompañado por la Asociación Rural Yerbatera Argentina (ARYA), la Unión de Agricultores de Misiones (UDAM), la Asociación de Plantadores del Nordeste Argentino (APNEA), la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, la Asociación Civil Impulso Yerbatero, la Asociación de Yerbateros del Alto Uruguay, la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte y el Movimiento Agrario de Misiones.
Las organizaciones habían sido explícitas: reclamaron que se respetara la posición mayoritaria de la Producción y que sus representantes no acompañaran la llegada de Biale a la Gerencia General.
Fracalossi finalmente votó a favor.

UATRE también aportó un voto decisivo
Otro de los respaldos determinantes fue el de Carmelo Rojas, representante de UATRE, el sector que representa a los trabajadores rurales dentro del INYM. La decisión adquiere relevancia frente a las posiciones públicas que el propio Rojas había sostenido sobre las consecuencias de la política nacional para el sector yerbatero.
En julio, Rojas había advertido que la desregulación y la pérdida de facultades del INYM habían profundizado la crisis de productores y trabajadores rurales. Incluso sostuvo que la concentración de la cadena perjudicaba a ambos sectores y que el esquema vigente empobrecía al productor y agravaba la situación de los trabajadores de la cosecha.
Sin embargo, su voto resultó ahora necesario para completar la mayoría que permitió a Correa avanzar con las designaciones.

Corrientes inclinó la balanza que faltó en la reunión anterior
La incorporación del voto de Mariel Gabur, representante del Gobierno de Corrientes, terminó de modificar la relación de fuerzas que había impedido concretar los nombramientos en la reunión anterior.
El 29 de septiembre, cuando Correa buscó avanzar con la designación de Biale, siete integrantes del Directorio se retiraron y dejaron el encuentro sin quórum. En aquella oportunidad permanecieron Correa, Rojas, Fracalossi, Bareiro, López y Konopacki: seis integrantes, uno menos de los necesarios para adoptar las decisiones. La representación de Corrientes no estuvo presente.
Esta vez, con Corrientes participando de la mayoría, Correa alcanzó los siete votos.

¿Por qué la designación de Rosana Biale es cuestionada?
La discusión alrededor de Biale no comenzó hoy viernes. La nueva gerente general cuenta con una extensa trayectoria dentro del Instituto: ingresó en 2003, ocupó la Subgerencia, llegó posteriormente a la Gerencia General y en 2020 fue designada al frente de la Gerencia de Modernización.
El principal cuestionamiento planteado por sectores productivos está relacionado con la forma en que terminó aquella relación laboral y el conflicto judicial posterior. En 2021 fue sometida a un sumario y suspendida preventivamente. Posteriormente cuestionó las medidas adoptadas por el organismo, se consideró despedida indirectamente e inició una demanda laboral.
El conflicto terminó en 2024 mediante un acuerdo homologado judicialmente. Según antecedentes publicados sobre el caso, la Resolución 171/2024 del INYM estableció un pago de $40 millones para cancelar los reclamos de Biale, más $9,68 millones correspondientes a honorarios de sus abogados, además de otros gastos vinculados al proceso.
Ese antecedente fue uno de los principales argumentos utilizados por productores que rechazaron su regreso a uno de los puestos administrativos más importantes del mismo organismo con el que había mantenido el litigio.

Sebastián Prato, otro nombramiento
La mayoría también permitió avanzar con Sebastián Prato para Auditoría Interna. En este caso, los cuestionamientos surgidos dentro del Instituto estuvieron vinculados a que Prato ya cumplía funciones administrativas y había ejercido como gerente subrogante. Los sectores críticos plantearon reparos ante la posibilidad de que, desde Auditoría, pasara a controlar decisiones correspondientes a áreas en las que anteriormente tuvo responsabilidades.
La discusión por ambos cargos venía arrastrándose desde agosto y septiembre, con reuniones atravesadas por diferencias respecto del procedimiento de selección, las entrevistas y las posteriores designaciones.
Una votación en medio de la crisis yerbatera
La conformación de esta nueva mayoría ocurre además en un momento particularmente sensible para la cadena yerbatera. Desde la aplicación del DNU 70/2023, el INYM perdió una de sus herramientas centrales: la capacidad de establecer precios para la materia prima. Paralelamente, sectores productivos vienen cuestionando un proyecto de reordenamiento normativo que, según advierten, podría reducir todavía más las funciones del organismo.
Por eso, la votación excede los nombres de Biale y Prato. También expone cómo quedaron alineados los sectores dentro del Directorio: la conducción nacional del INYM logró construir una mayoría con representantes de la Industria, Secaderos, UATRE, Corrientes y una de las bancas de la Producción.
Precisamente allí aparece uno de los puntos de mayor tensión política y sectorial. Mientras organizaciones productivas reclaman recuperar herramientas para intervenir frente a la crisis de precios y cuestionan el rumbo de la desregulación, una de sus representantes, Fracalossi, aportó el voto que necesitaba Correa para avanzar con una designación que esas mismas entidades habían pedido expresamente rechazar.
La contradicción también alcanza a UATRE: después de advertir públicamente sobre el deterioro provocado por la política nacional sobre productores y tareferos, su representante dentro del INYM terminó integrando la mayoría necesaria para que la conducción del organismo destrabara los nombramientos.
La llegada de Corrientes completó la ecuación que había faltado diez días atrás. Los seis votos que no alcanzaron en septiembre se transformaron ahora en siete y permitieron a Correa avanzar con Biale y Prato en dos puestos estratégicos del Instituto.



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