La estrategia del Gobierno de Misiones a esta hora, para defender lo indefendible sobre el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), cuyas funciones están alcanzadas en los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei, incluyó en las últimas horas el pago de notas periodísticas en medios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una nueva estocada judicial con argumento insostenibles, a partir de un amparo presentado por productores y directores del INYM.
Días atrás, el Juzgado Federal de Posadas no había hecho lugar a la habilitación de la feria para tratar la presentación de una cautelar presentada por el Gobierno provincial, ya que la denuncia fue radicada el 29 de diciembre, dos días antes del inicio del receso. Pero, con fecha del viernes 5 de enero, la Fiscalía de Estado de Misiones insistió con la solicitud que, finalmente, tuvo lugar por parte de Gallandat Luzuriaga.
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El magistrado finalmente habilitó la feria judicial para resolver la presentación del Estado, con el fin de sostener las facultades del INYM como lo establece la ley de creación. Pidió un dictamen a la fiscal interna y se apoyó en ese escrito para apartarse del expediente.
La exclusión del magistrado se dio a cinco días hábiles de la presentación de la provincia de Misiones contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 del presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), tal como lo prescribe la ley de creación del organismo, el juez federal Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga (de Oberá, pero subrogante del Juzgado Civil y Comercial de Posadas) se inhibió de tratar el expediente y lo giró a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La fiscal federal interina sostuvo entonces, al tomar conocimiento de la causa, que “habida cuenta de lo expuesto (por Misiones) y de acuerdo a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el proceso; por un lado la Provincia de Misiones a quien le concierne la competencia originaria de la Corte, de conformidad con el art. 117 de la Constitución Nacional y, por el otro, el Estado Nacional que resulta ser la demandada en el pleito –quien tiene derecho al fuero federal, según lo dispuesto en el art. 116 de la Ley Fundamental–, la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esa instancia originaria”, indicó.
En el ámbito de la mayor instancia judicial en el país (Suprema Corte de Justicia) se debería dirimir las facultades del INYM -que fue incluido como parte del amplísimo paquete de medidas incluidas en el DNU presidencial- y se suma como uno de múltiples cuestionamientos presentados en forma de recursos judiciales llegados desde distintos ámbitos de la actividad económica, social y política en el país. Todos con dificultades para avanzar en los pasos judiciales, aunque utilizados como factor de presión política al Gobierno nacional.
Voces levantadas
Apenas conocidos los aspectos centrales del DNU presidencial, se alzaron las voces contra la idea de borrar la «función» del INYM entre otros aspectos. Respecto del primer punto, los memoriosos recordarán que la casi exclusiva función con la que tuvo su génesis ese organismo fue “fijar el precio de la yerba mate”, y en todos los años de su existencia fueron muy raras las ocasiones en las que lograron cumplir con esa función, ya que siempre terminaba en “laudo” que debía definir el organismo de Agricultura de la Nación (Ministerio o Secretaría, según la gestión de gobierno que se tratara).
Este viernes finalmente, se conoció el resultado de un nuevo intento judicial, que parte de una instancia muy inferior a la Corte Suprema de Justicia -donde debería definirse la cuestión-: la titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N°8, Adriana Fiori, quien dio entrada el martes último a la cautelar que pretende “suspender los efectos del DNU que desregula la actividad yerbatera atendiendo el argumento de la producción primaria: al disolverse el INYM, los productores pierden su obra social y la corresponsabilidad gremial, lo que afecta de lleno a los tareferos, el eslabón más débil de la cadena”.
Desglosando el textual: la jueza civil de Misiones ordena “suspender los efectos del DNU presidencial”, porque “desregula la actividad yerbatera” (¿?), “los productores pierden su obra social”; es decir la de los empleados de la Administración Provincial, el Instituto de Previsión Social de Misiones, cuando la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) es el agente de salud a través del cual la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) ofrece cobertura social a todos sus afiliados y su grupo familiar; “y la corresponsabilidad gremial”; entre otros argumentos a los que se apela en el escrito que se adjunta al pie de esta.
En apenas 24 horas, la jueza concedió el amparo que había sido presentado por un grupo de asociaciones productoras, aunque se inhibió para seguir actuando en la causa que fue elevada al fuero federal para seguir su trámite. El que recibirá el caso es José Luis Casals, quien vuelve a estar de turno.
Todos los caminos emprendidos en la titánica tarea de tumbar algunos artículos del DNU, parecen equivocados, más aún cuando según las filtraciones a la prensa después de la reunión mantenida por el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, con el presidente Javier Milei, el obereño le habría prometido «total apoyo» de su gente en el Congreso al paquete de medidas impulsadas desde el Ejecutivo.
RESOLUCION JUZGADO CIVIL SOBRE TEMA INYM EN EL DNU by RadioUp on Scribd
