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El INTA se mantendrá gracias a una cautelar judicial y a la declaración de nulidad del decreto 462 por parte del Congreso Nacional. No obstante, el ex presidente del organismo, Carlos Paz, dialogó con Radio Up en el programa Realidad Mixta y advirtió que la crisis aún no termina: hoy preocupa que el Consejo Ejecutivo aún no retomó funciones ni cargos.
Parálisis del Consejo Ejecutivo
El principal problema que enfrenta el INTA hoy es la parálisis de su Consejo Ejecutivo, Paz sentenció: "La noticia decepcionante es que el Consejo Ejecutivo todavía no se volvió a reunir". Aunque los dos poderes del Estado devolvieron al instituto a su estatus anterior, los representantes de las entidades agropecuarias y otros sectores aún no reasumieron sus cargos. Esta inacción, según Paz, es preocupante porque las decisiones importantes del organismo se toman en este consejo. Por ahora, el presidente del INTA no puede firmar resoluciones sin un dictamen del Consejo.
“La Motosierra sigue operando”
Paz subraya que, aunque el INTA no fue cerrado, el recorte presupuestario es una realidad. El organismo opera "con niveles de cuotas presupuestarias bajísimas, teniendo problemas serios para pagar incluso algunos servicios básicos como como luz, gas, agua", comentó. Así como también se dificulta el mantenimiento de vehículos o los gastos de combustible. Esta falta de fondos, que se siente desde el inicio del gobierno, se profundizó con medidas como la venta del edificio de agrotecnia y el polémico decreto 462.
La Banca social del INTA
El expresidente del instituto destacó que la victoria del INTA en esta batalla fue gracias a la gran movilización de sus propios trabajadores, gremios (APINTA y A.T.E.), consejos regionales, y figuras políticas como gobernadores, diputados y senadores. Esta movilización demuestra la importante "banca social" que tiene la institución en Argentina, lo que ayudó a frenar una decisión que la hubiera desarticulado por completo.
Recuperación de cargos
Una de las pocas buenas noticias es que, por el momento, las aproximadamente 300 personas que habían sido puestas en disponibilidad con el decreto 462 recuperaron sus cargos. Esto se logró gracias a la cautelar judicial y a la declaración de nulidad del decreto. Además, el director nacional, Pereda, reasumió su cargo, lo que ha permitido una gestión operativa, aunque en un nivel muy bajo.
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