Uniformados se presentaron en el lugar de la protesta de trabajadores de la educación para constatar que continúa el corte e identificaron a los referentes del FTEL, Mónica Gurina y Leandro Sánchez, en el marco de la orden emitida por el juez Ricardo Balor. Los educadores convocan a personas para que los apoyen y planean resistir en el lugar, a la espera de la mesa salarial de este martes.
Crece la tensión en el acampe docente sobre la avenida Uruguay y Trincheras de San José, donde ya se presentaron policías para labrar un acta de procedimiento para el desalojo de la arteria vial, en el marco de la orden emitida por el cuestionado juez de instrucción 6 Ricardo Balor. Los docentes aseguran que van a resistir en el acampe mientras esperan la mesa técnica salarial con el gobierno provincial, prevista para este martes 4 de junio.
“Seguimos firmes en el acampe de Trincheras. Vinieron a hacer una constatación y vamos a seguir. Hoy no se levanta nada. Y si quieren reprimir, que vengan. Vamos a estar acá”, sostuvo la secretaria general de la CTA Autónoma, Mónica Gurina, a este portal, confirmando el acta de procedimiento.
Según consta en el acta de procedimiento, previo a un desalojo, con dos testigos hábiles, “se observó que” la avenida Uruguay a la altura de calle Rebollo, “se halla cortada al tránsito vehicular, que emplazada sobre la misma arteria, varias carpas con un grupo de manifestantes, 100 personas aproximadamente.”
“Que en este caso se hacer saber del Oficio N° 25047747/24 procedente del juzgado de instrucción N° 6, Secretaría N° 2 de Posadas, y de su incumplimiento. Que al tratar de identificar a delegados del grupo de docentes, manifestaron no tener delegados, y que todas las decisiones, las toman en asamblea”, detalla el acta de procedimiento policial.
“Manifiestan que el día de mañana tendrán una mesa de diálogo con el gobierno. Se deja constancia que la Av. Uruguay continúa cortada aal tránsito vehiculas. Asimismo se reconoce a la persona de Olga Mónica Gurina y Leandro Javier Sánchez”, culmina el acta, que individualiza a la secretaria general de la CTA Autónoma y al secretario general del sindicato UTEM, dos de los doce dirigentes sobre quien el juez Balor dictó una inédita prohibición de acercamiento a la Legislatura, por supuestos daños al inmueble.
Desde el acampe docente, la asamblea docente decidió permanecer en el lugar hasta que el gobierno convoque a la mesa salarial prevista para este martes, y se llegue a un acuerdo con el sector docente, uno de los peores pagos del país –sólo Formosa paga un piso salarial más bajo a sus educadores.
En el lugar de la protesta sobre la avenida Uruguay, Leandro Sánchez hizo una transmisión en las redes sociales en las que resumió el estado de situación, en un contexto de inminente desalojo compulsivo por parte de la policía –que paradójicamente, también estuvo acampando sobre esta avenida, unas cuadras más al norte, entre el 17 de mayo y el 30 de mayo.
“Lo que disparó la asamblea es una comisión policial que vino a hacer un acta de constatación de que no cumplimos con la orden del juez (Ricardo) Balor, que dijo que teníamos que liberar la calle. Y la verdad que esa noche nosotros le dijimos a la policía, le informamos a los oficiales de justicia que vinieron, que íbamos a liberar la calle esperanzado en que el gobierno arregló con nosotros, al otro día teníamos una reunión. Bueno, la regla no apareció y decidimos volver a la calle”, detalló Sánchez, recordando la situación vivida en la madrugada del sábado pasado, cuando una comisión policial informó a los docentes de la orden de desalojo mencionada.
De acuerdo con Sánchez, tras fracasar la mesa salarial con el gobierno realizada el sábado último en Eldorado, los docentes nucleados en el FTEL, el MPL, la CTAA y autoconvocados, decidieron “volver a la calle, volver a los cortes de ruta. Hoy hay 11 acciones en toda la provincia. Y en varias de esas acciones llegaron (órdenes) de desalojo desde la justicia. Así que creemos que acá puede pasar lo mismo, pero la gente en esa asamblea decidió resistir, quedarse”, completó el sindicalista.
“El acampe continúa, la gente continúa sobre la calle, esperando que pueda pasar desde la justicia, que tomen alguna decisión. Que tomen alguna decisión con nosotros, porque ahora funciona todo. Cuando la policía estaba ahí (en el acampe policial), no funcionaba nada. Pero ningún juez con valor para desalojar el piquete policial. Ahora sí, está todo recompuesto y entonces vienen con nosotros”, fustigó Sánchez.
Y vinculó el presente conflicto con la decisión del gobierno provincial de no recomponer salarios a principios de año, luego de congelar los sueldos en un periodo de 4 meses, en los que hubo un 72% de inflación cómo mínimo. “Si hubieran puesto plata o nos hubieran recibido en febrero, cuando le avisamos que esto podía pasar, nada de esto hubiera ocurrido. Sin embargo, ahora van por las causas últimas: van por el piquete, no sobre lo que originó todo este problema que es más presupuesto para educación”, subrayó.
Por último, Sánchez confirmó que los policías que vinieron en comisión, identificaron a determinados dirigentes, una maniobra que puede entenderse como intimidatoria. “En el acta dice que nos identifican a Mónica Gurina y a mí. Así que suponemos que hasta puede que nos lleven presos. Podría ser. Así que nos estamos preparando para todo eso, sin miedo, tratando de resistir y entendiendo que acá lo más importante es lo colectivo. Vinimos a reclamar salarios para todos, más allá de lo que nos pueda pasar, a uno u a otro dirigente”, concluyó el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones.
