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Según el INAI el objetivo del sistema es claro: ordenar y centralizar la información para que el Estado pueda “diseñar políticas públicas más efectivas y basadas en evidencia”, a partir de datos actualizados sobre la realidad social, económica, cultural y territorial de los pueblos originarios.
El INAI será responsable de la custodia de toda la información, incluyendo la que provenga de cruces con otras bases de datos nacionales y provinciales.
La Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas será la encargada de administrar el repositorio, asegurando que los datos estén integrados, actualizados y listos para elaborar estadísticas, monitorear políticas públicas y planificar nuevas acciones.
Además, la resolución invita a organismos nacionales y a las provincias que integran el Consejo Federal de Políticas Indígenas a firmar convenios de cooperación para el intercambio de información, con el fin de contar con un panorama completo y unificado.
Un paso clave para diseñar mejores políticas
El presidente del INAI, Claudio Bernardo Avruj, subrayó que disponer de datos confiables y actualizados es esencial para evaluar y planificar políticas sociales que realmente impacten en la calidad de vida de las comunidades indígenas.
La iniciativa se apoya en un amplio marco legal que refuerza su importancia: el Convenio 169 de la OIT, que obliga a los Estados a garantizar información accesible a los pueblos indígenas; la Ley 23.302, que otorga al INAI la función de registrar y generar datos sobre comunidades; y la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, que resguarda la privacidad y la seguridad de la información, entre otras normativas.
También se vincula con antecedentes como la creación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RE.NA.CI.) en 1995, y la resolución de 2024 que amplió su alcance e invitó a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a homogeneizar criterios de inscripción de comunidades.
Qué establece la Resolución 145/2025
La resolución incluye ocho puntos centrales:
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Creación del BDU, como repositorio único de datos.
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Custodia a cargo del INAI, con información propia y la que surja de cruces con otras bases.
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Gestión a cargo de la Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas.
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Obligación de todas las direcciones del INAI de intercambiar y mantener actualizadas sus bases de datos en el sistema.
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Invitación a organismos nacionales a firmar convenios de cooperación técnica.
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Invitación a las provincias del Consejo Federal de Políticas Indígenas para compartir información y unificar criterios.
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Registro del BDU en la Agencia de Acceso a la Información Pública.
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Financiamiento a cargo del INAI, con partidas presupuestarias propias.
Modernizar la gestión con tecnología y seguridad
Según el organismo, la creación del BDU también responde a la necesidad de modernizar la gestión pública a través de nuevas tecnologías de información, siguiendo la Decisión Administrativa 641/2021, que fija requisitos de seguridad para los organismos estatales.
De esta manera, el INAI busca “garantizar un sistema confiable, protegido y al servicio de las comunidades indígenas, evitando la dispersión de datos y fortaleciendo la capacidad del Estado para dar respuestas más rápidas y efectivas”.
“La integración de bases de datos nos permitirá tener una mirada más completa de la realidad indígena, lo que es fundamental para construir políticas públicas que realmente transformen su día a día”, resumió Avruj.
Con esta medida, el INAI busca dar “un paso estratégico hacia una gestión más eficiente, transparente y participativa, alineada con las demandas históricas de los pueblos originarios en Argentina”.
Creamos en el INAI el Sistema Integrado de Bases de Datos Única para comunidades indígenas. La disponibilidad de datos estadísticos integrados, precisos y actualizados es esencial para evaluar, monitorear y planificar políticas sociales que mejoren la vida de las comunidades. pic.twitter.com/VjJIFCoMft
— Claudio Avruj (@clauavruj) September 10, 2025
