//
El empresario Lázaro Báez fue imputado como presunto jefe de una organización dedicada al lavado de activos, que habría operado desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde cumple una condena unificada de 15 años de prisión. Según la acusación fiscal, dirigía las maniobras mediante comunicaciones telefónicas y utilizaba a integrantes de su círculo íntimo para administrar y usufructuar bienes de origen ilícito.
La formalización de los cargos se realizó durante dos audiencias judiciales en Santa Cruz, en el marco de una investigación conjunta de la Unidad Fiscal Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). La acusación fue presentada por el fiscal federal Julio Zárate y el auxiliar fiscal Jorge Rodríguez Ponte ante el juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez.
El expediente principal investiga un presunto circuito de circulación y administración ilegal de dinero por 390.880.000 pesos. De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, Báez habría coordinado las operaciones desde la cárcel, a pesar de las restricciones que establece el artículo 12 del Código Penal para las personas condenadas a prisión.
La fiscalía atribuyó provisoriamente a los involucrados delitos de lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación. Entre las maniobras investigadas se encuentran transferencias fraccionadas entre cuentas bancarias de allegados y billeteras virtuales, que habrían permitido incorporar las ganancias irregulares al circuito económico formal.
La investigación también tiene una segunda causa conexa, centrada en una presunta organización narcocriminal dedicada al tráfico de estupefacientes en la región. Ese expediente involucra a nueve acusados y, según los investigadores, presenta conexiones logísticas con el entorno de Báez.
En total, las dos investigaciones alcanzan a 16 personas. Tras las audiencias, el juez Vázquez convalidó doce detenciones bajo prisión preventiva y estableció medidas de coerción para los otros cuatro imputados.
Leé también: Explosión e incendio en Remedios de Escalada: confirmaron un muerto y 30 heridos, siete de gravedad
Además, dispuso un plazo de dos años para completar la instrucción, ordenó el embargo de los vehículos incautados y autorizó el levantamiento del secreto financiero para avanzar sobre los movimientos económicos bajo investigación.
La acusación se apoya principalmente en intervenciones telefónicas y documentación secuestrada durante los procedimientos. Mientras la defensa prepara sus planteos y los imputados mantienen silencio, la causa busca determinar el alcance de la presunta estructura y la participación de cada uno de sus integrantes.
Por el momento, se trata de una imputación y de una hipótesis sostenida por la fiscalía, que deberá ser acreditada durante el proceso judicial.
Milei respaldó al nuevo presidente de Paraguay y acordó fortalecer la relación bilateral
https://t.co/YDp6ReKscB https://t.co/aCxdPe9DNU— Radio Up (@radioupar) November 13, 2026
