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Un trágico accidente laboral ocurrido en una obra en construcción ha escalado a una investigación judicial que apunta directamente a la empresa constructora y a funcionarios municipales de Iguazú.
La víctima, identificada como Javier Jesús González, falleció el 23 de septiembre tras agonizar varios días, luego de caer de un andamio.
El caso tomó un giro judicial al detectarse graves fallas en la obra, ubicada en Avenida Brasil 80 de la localidad de Puerto Iguazú.
Tras una inspección de la Dirección de Seguridad e Higiene, se confirmó que el proyecto no contaba con habilitación, carecía de la documentación exigida y, crucialmente, no disponía de las medidas de seguridad adecuadas, elementos que, según los peritos, habrían podido evitar el fatal desenlace.
ART contratada posterior y supuesto control municipal
Otro dato que agrava la situación es que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) fue contratada recién tres días después de ocurrido el accidente, lo que evidencia un presunto incumplimiento de la normativa laboral.
La falta de control municipal fue públicamente cuestionada en el Concejo Deliberante por el concejal Alejandro Verón, quien criticó a las Direcciones de Obras Privadas y Seguridad e Higiene por no fiscalizar el cumplimiento de las normas.
Ante este panorama, el abogado Fabián de Sá, representante de la familia González, anunció que presentará una denuncia formal con pedido de detención contra dos funcionarios municipales a quienes considera responsables directos por la omisión de control.
Avanza en tres frentes judiciales
La tragedia de González ha abierto múltiples vías de investigación y acción legal:
- Responsabilidad Penal: Para determinar la causa de la muerte del trabajador y las imputaciones correspondientes.
- Responsabilidad Civil: Por los daños y perjuicios a la familia de la víctima.
- Cobertura de la ART: Que está bajo revisión debido a la irregularidad en la fecha de su contratación.
Este caso expone la alarmante falta de controles y medidas de seguridad en las obras privadas de la ciudad, y podría derivar en fuertes sanciones tanto para la empresa constructora como para los organismos que debían garantizar la seguridad de los trabajadores.
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